Una vez presentado el escrito de acusación por el fiscal ante el juez competente, se podrá adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Por consiguiente, se regula los requisitos formales de la acusación, estipula lo pertinente a la audiencia de formulación de acusación, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física.
 

Se realiza un análisis de la evolución normativa de la Formulación de la Acusación. Sobre la que se concluye: " Tal como la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia, la Acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales regulados de forma separada, el escrito de acusación y la audiencia de acusación." Respecto de la formulación de la acusación señala la corte que se presentan dos interpretaciones que son: Derecho viviente como corolario de la Jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia y Análisis literal de la expresión y sistemático de la Ley 906 de 2004. Posterior al análisis de estas dos interpretaciones y respecto al caso concreto se concluye: En síntesis: para la Corte resulta claro que, si se hubiera pretendido establecer como punto de partida uno u otro acto procesal, se habría hecho utilizando cualquiera de los términos que en los numerosos artículos se emplean de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, en el caso de la norma demandada, esto no se hizo, lo que da lugar a que de su lectura surjan como viables las dos interpretaciones antes expuestas. En este sentido, la existencia de estas dos interpretaciones conduce a que sea posible entender que el término del artículo 317 se comienza a contar o bien (i) a partir de la presentación del escrito de acusación, o bien (ii) a partir de la respectiva audiencia.
 

Se señalan los términos, objeto y contenido de la Acusación como etapa del Proceso Penal, teniendo en cuenta que en ella se comunica de los cargos a través del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición de parte.
 

La Corte Constitucional enfatiza sobre el tema de la equivalencia funcional entre la "resolución de acusación" de la Ley 600 de 2000 y el "acto complejo de la formulación de acusación" de la Ley 906 de 2004. Aclara que, a pesar de las diferencias formales entre ambos actos procesales, cumplen con el mismo propósito sustancial: el llamado a juicio de la persona investigada, marcando el fin de la etapa de instrucción y el inicio de la etapa de juzgamiento. Esta equivalencia funcional es crucial para entender que la inhabilidad, aunque derivada de una figura del sistema penal anterior, también era aplicable a los procesos bajo el actual sistema acusatorio, a través de su "equivalente".