El concepto de proporcionalidad nace íntimamente vinculado al de culpabilidad. En la actualidad, en el Derecho Sancionador Administrativo, culpabilidad y proporcionalidad continúan estrechamente unidas. La reacción punitiva ha de ser proporcionada al ilícito, por ello, en el momento de la individualización de la sanción, la culpabilidad se constituye en un límite que impide que la gravedad de la sanción supere la del hecho cometido; siendo, por tanto, función primordial de la culpabilidad limitar la responsabilidad. No es posible, aduciendo razones de prevención general, imponer una sanción a la que correspondería a las circunstancias del hecho, buscando de ese modo un efecto ejemplificador frente al conjunto de la sociedad: tanto el principio de culpabilidad como el de proporcionalidad, lo impiden.
 

El juicio de proporcionalidad es una herramienta analítica para el examen de la justificación de actividades estatales o de particulares que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas u otros principios constitucionales. Además, como ha señalado esta Corporación, pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales.
 

Observa la Sala qué no obstante que la falta de claridad en relación con la adecuación de la medida al fin propuesto apunta hacia que en este caso la misma deba inaplicarse por no satisfacer el segundo de los criterios del juicio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que, como se ha señalado, puede admitirse que una divulgación efectiva de la identidad de los agresores sexuales tiene un cierto efecto preventivo.
 

Como lo ha admitido la jurisprudencia reiterada de esta la Corte, es el juicio de proporcionalidad la herramienta argumentativa útil para analizar las limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales de las personas, en la medida en que incorpora exigencias básicas de razonabilidad, medios-fines, y justificación de la actividad estatal. En este sentido, la Corte ha dicho que la proporcionalidad es un criterio de interpretación constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales.
 

Como ha explicado esta Corte, (e)l juicio de proporcionalidad al que se refiere el actor, es pertinente efectuarlo cuando la norma acusada en efecto restringe derechos o principios fundamentales, pues su objetivo es establecer si la finalidad perseguida con la respectiva norma justifica tal restricción, y si su contenido, en cuanto limita el ejercicio de aquellos, es proporcional a la restricción impuesta."
 

La Corte Constitucional de Colombia, al abordar la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la crisis humanitaria en La Guajira, hace énfasis en los principios de proporcionalidad y necesidad en relación con los derechos de los niños. La Corte determinó que las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 1270 de 2023, emitido durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no guardaban una proporcionalidad estricta con la crisis que se buscaba mitigar. Específicamente, consideró que las medidas propuestas excedían la finalidad de conjurar la crisis inmediata y evitar su extensión, apuntando más a una reorganización estructural del sistema de salud que a una respuesta coyuntural a la emergencia. En el contexto de los derechos de los niños, esto implica que cualquier medida que afecte a este grupo vulnerable debe ser cuidadosamente calibrada para que el beneficio obtenido (superar la crisis) justifique cualquier limitación a sus derechos.
 

La Corte Constitucional establece que el principio de proporcionalidad es una herramienta fundamental para evaluar la constitucionalidad de las leyes que restringen derechos o libertades, incluyendo la libertad económica. La Corte utiliza un juicio o test de proporcionalidad que consta de varias etapas: 1. Legitimidad: La medida debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. 2. Necesidad: No debe haber otras medidas menos restrictivas que logren el mismo objetivo. 3. Proporcionalidad en sentido estricto: Los beneficios de la medida deben ser mayores que las restricciones impuestas a otros derechos o libertades.
 

La Corte Constitucional señala que si bien el legislador goza de un amplio margen para diseñar la política criminal y tipificar delitos de peligro, esta potestad encuentra barreras infranqueables en los derechos fundamentales y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y lesividad. La Corte concluyó que el legislador incurrió en un exceso punitivo al trasladar una carga penal gravosa a un comportamiento que en esencia es lícito y constitucionalmente protegido.