Este principio señala que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal e igualmente que los servidores públicos responden por sus actuaciones y omisiones ya que deben estar presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; así mismo, que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección de contratistas, está a cargo del representante legal de la entidad. En el presente caso estas manifestaciones del principio de responsabilidad fueron inobservadas por el disciplinado, por cuanto en su condición de gobernador del departamento de Casanare, utilizó la figura del convenio de cooperación eludiendo el proceso licitatorio, al suscribir y permitir la ejecución del convenio de cooperación 001 del 14 de mayo de 2012 con COMFACASANARE, que no contaba con la idoneidad legal y reglamentaria, así como la capacidad técnica y administrativa para ejecutar las obligaciones adquiridas en el convenio, hecho que generó que ésta tuviera que subcontratar la ejecución con la Unión Temporal Alimenta Casanare 2012, convirtiéndose la caja en un mero intermediario.
 

La Corte Constitucional reflexiona sobre la responsabilidad del juez constitucional en el ejercicio de sus funciones, argumentando que debe garantizar no solo el cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes, sino también actuar proactivamente para proteger a los grupos vulnerables. Este enfoque es fundamental en casos donde hay un alegato de vulneración de derechos, y se espera que el juez examine cuidadosamente el contexto y las circunstancias para ofrecer una resolución que esté en línea con los principios de justicia y equidad. La Corte recalca que es imperativo que el sistema judicial no se limite a considerar las pretensiones superficiales, sino que vaya más allá para alcanzar soluciones efectivas que prevengan la perpetuación de injusticias, así, destaca la importancia de un análisis pormenorizado del caso en la acción de tutela, y enfatiza que los jueces deben realizar un examen exhaustivo de las circunstancias específicas que rodean cada demanda. Este estudio incluye la consideración de diferentes dimensiones de la justicia, como el impacto de la violencia de género en el proceso de toma de decisiones
 

La Corte concluyo que negó la acción de tutela interpuesta por un exalcalde municipal condenado por el delito de peculado por apropiación en la ejecución de un contrato de obra pública. El accionante alegaba la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa técnica, al sostener que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto procedimental absoluto al negarle la nulidad de la actuación, puesto que fue representado en el juicio penal por el mismo abogado de confianza que defendió al supervisor contractual y al contratista, lo que supuestamente generó un conflicto de intereses e impidió una estrategia defensiva individualizada. La Corte determinó que la representación técnica conjunta es jurídicamente válida cuando se controvierte un mismo núcleo fáctico en el marco de la contratación estatal y no existen imputaciones recíprocas, concluyendo que la inconformidad retrospectiva con el resultado adverso no configura una falla objetiva en la defensa técnica ni desvirtúa la autonomía profesional del defensor, quien actuó con diligencia y razonabilidad durante el proceso.