El Consejo de Estado reitera la necesidad de que el juez verifique el acuerdo, integrando la autonomía de la voluntad privada con los fines del Estado Social de Derecho, para garantizar que el acuerdo respete a cabalidad el núcleo de ambas dimensiones y no sea lesivo para ninguna de las partes. Se concluye que el acuerdo en el caso concreto, a pesar de ser inferior al 70%, no lesionaba los intereses de las víctimas y procedía su aprobación.
 

Las medidas de restricción de la autonomía de la voluntad de las personas, que son constitucionalmente admisibles, han sido denominadas por la jurisprudencia como medidas de protección de los intereses de la propia persona, o de manera más abreviada, medidas de protección, ya que, en virtud de ellas, el Estado, respetando la autonomía de las personas (CP art. 16), busca realizar los fines de protección que la propia Carta le señala (CP art. 2º). En efecto, estas medidas de protección, algunas de las cuáles tienen expreso reconocimiento constitucional, como la educación primaria obligatoria (CP art. 67), el carácter irrenunciable de la seguridad social (CP art. 48), o los derechos de patria potestad (CP art. 42), son constitucionalmente legítimas en un Estado fundado en la dignidad humana, ya que en el fondo buscan proteger también la propia autonomía del individuo
 

La autonomía de la voluntad a la luz del Texto Superior conduce a entender que ella puede ser objeto de limitaciones de acuerdo con la ley, por cuanto su protección no se explica tan solo en la necesidad de obtener intereses particulares, sino también de lograr la promoción del interés público o social, el bienestar colectivo y el goce efectivo de los derechos constitucionales. En todo caso, sobre la base del profundo respeto que se desprende de la Constitución hacia dicha libertad, lo cierto es que, a menos que exista una razón suficiente para establecer una limitación, las personas se encuentran autorizadas para definir de forma libre y autónoma la manera en que deciden entablar sus relaciones contractuales.
 

La Corte Constitucional destacó que la intimidad no solo protege la esfera privada de la persona de injerencias externas, sino que también garantiza la autonomía de la voluntad para decidir cómo y cuándo revelar ciertos aspectos de su vida o sus decisiones. En el caso del testamento, esto se traduce en la potestad de decidir si el contenido de las últimas voluntades será conocido solo después del fallecimiento o si, por el contrario, deberá ser revelado en vida ante terceros.