Establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que integran el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, con el propósito de precisar en detalle las instancias que se deben considerar en la formulación, aprobación, adopción, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan, este se aplica a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres e instancias de dirección, orientación y coordinación que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, contempladas en los artículos 8°, 9° y 15 de la Ley 1523 de 2012. El mencionado Plan contendrá los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutarán los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional. Se señala sus estructura la cual contendrá un componente general y uno programático y de inversiones; formulación del plan nacional de gestión de riesgo, aprobación, adopción y términos, ejecución, seguimiento y evaluación, actualización, y financiamiento (Artículo 2.3.1.2.1.1.1 al 2.3.1.2.2.6.1)
 

Adopta directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012.
 

Adopta la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y su objetivo general es orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del territorio nacional.
 

Identifica los eventos que pueden desencadenarse por la variabilidad climática en el territorio nacional, resaltando la exposición actual frente a condiciones climáticas recientes, las cuales evidencian de manera inequívoca dicha variabilidad. Las comunidades y poblaciones se enfrentan a fenómenos hidrometeorológicos bajo un contexto de creciente vulnerabilidad social y ambiental, atribuible en gran medida a la compleja problemática socioeconómica del país y a la histórica construcción social del riesgo.