Establece las diferencias entre la pensión por invalidez por riesgo común, se requiere que el estado de invalidez haya sobrevenido por una causa no profesional, en tanto que la pensión de invalidez por riesgo profesional, requiere precisamente que el estado de invalidez se haya generado bien en una enfermedad profesional o en un accidente de trabajo. De allí deriva la diferencia en la cotización a uno y otro sistema. Adicionalmente, la pensión de invalidez por riesgo común debe ser cubierta y reparada por las aseguradoras a las cuales contribuye el trabajador, el Estado y la sociedad, mientras que el riesgo derivado de la actividad laboral debe ser amparado y reparado por el empleador a cuyo cargo se encuentra el trabajador, a través de las aseguradoras de riesgos profesionales.
 

El principio de la condición más beneficiosa puede definirse como una institución jurídica por medio de la cual, frente a un cambio normativo, una disposición legal derogada del ordenamiento recobra vigencia para producir efectos jurídicos en una situación concreta. Cabe precisar que la aplicabilidad de dicho principio en materia de pensiones de invalidez se sujeta a la concurrencia de una serie de requisitos o presupuestos: (i) que se esté en presencia de una sucesión normativa, (ii) que las normas hayan sido aplicables al afiliado durante su vinculación al sistema pensional y, finalmente, (iii) que haya logrado satisfacer los supuestos de hecho de la norma anterior cuya aplicación resulta más favorable. En aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional, la Corte revoca el fallo dictado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, deja sin efecto las Resoluciones mediante las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- negó la pensión de invalidez solicitada por el accionante y ordena a dicha entidad que, en un término perentorio, expida el acto administrativo que la reconozca en su favor y se le incluya en la nómina de pensionados, procediendo a pagar las mesadas dejadas de percibir que, en los términos de ley no hayan prescrito para su cobro.
 

La Corte resalta que amparó los derechos al debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna de un trabajador que sufrió una pérdida de capacidad laboral del 66,67% acumulada tras un accidente laboral inicial y patologías de origen común. La Corte determinó que la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia no incurrió en defecto fáctico sobre la calificación del origen de las secuelas, pero sí configuró un defecto por desconocimiento del precedente constitucional al negar la pensión de invalidez bajo el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 sin evaluar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.