El principio de tipicidad exige al Legislador describir la infracción administrativa (conducta o comportamiento que se considera ilícito) [&] en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción [&]. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse
 

La jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Corporación ha sostenido que los dos aspectos fundamentales que marcan las diferencias entre la tipicidad en el derecho penal delictivo y en el derecho disciplinario son: (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de la que dispone el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios.
 

La Corte Constitucional enfatiza en la importancia del principio de tipicidad en el derecho penal, que exige que una conducta sea castigada solo si se ajusta de manera exacta y precisa a la descripción establecida en la ley, subrayándolo no solo como una garantía para el procesado, sino también como un pilar fundamental para la justicia sustancial y la protección efectiva de las víctimas, especialmente en contextos de violencia sexual, donde su correcta aplicación es crucial para la verdad, la justicia y la no repetición. Este principio es una salvaguarda de la seguridad jurídica, permitiendo a los ciudadanos conocer previamente cuándo y por qué pueden ser objeto de penas, y evitando la arbitrariedad de las autoridades.