La Sala argumenta que, en relación con el argumento relacionado con la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos como el de desplazamiento forzado, debe indicarse que esta no puede ser extensiva en sus efectos a demandas ordinarias como la que es objeto de estudio, porque aquella tiene por objeto evitar la impunidad de estas conductas, mientras lo debatido a través del proceso ordinario es la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual puede acontecer incluso sin que medie una decisión condenatoria de naturaleza penal. Cuestión distinta es que en asuntos en los que se demanda la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, previa satisfacción de los elementos configuradores de tales delitos, se apele a la aplicación universal del principio de imprescriptibilidad de la acción judicial, para considerar que el término de caducidad no opera ni puede tenerse como una consecuencia negativa para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral por daños de tal naturaleza, debido a la gravedad y magnitud de los mismos en contra de la dignidad humana.