El artículo 78 del C.G.P. señala que son deberes de las partes y de sus apoderados: 10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. En el mismo sentido, el inciso segundo el artículo 173 ibídem, prevé que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Sin embargo, advierte la Corte que, en el escenario del proceso penal regido por la Ley 906 de 2004, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137, que regula lo relacionado con la Intervención de las víctimas en la actuación penal, la actividad de las mismas no llega al punto de incorporar directamente documentos que puedan servir como prueba dentro del proceso, como si puede hacerlo con plenas facultades la Fiscalía General de la Nación. Sobre el particular, la Corte ha construido una coherente y definida doctrina sobre las características y alcances que asume el ejercicio de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal instituido en la Ley 906 de 2004.
 

Evidencia la Sala que el Tribunal dijo que valoraría los hechos y circunstancias que rodearon la ejecución del injusto para discernir si la enjuiciada tenía capacidad de ser culpable en ese momento, pero sólo tuvo en cuenta los que, en su entender, corroboraban la tesis de la imputabilidad. En cambio, ignoró del todo aquellos contenidos probatorios que apuntaban en la dirección contraria. En conclusión la decisión del ad quem en cuanto a la imputabilidad, está apoyada en múltiples errores de valoración y apreciación probatoria, así como en algunas distorsiones en la comprensión de las categorías jurídicas pertinentes.