Reconoce la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.
 

Adiciona el Título 14 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015, con relación a la optimización de los recursos del Estado para alcanzar los mejores resultados posibles con el menor costo, que permita la articulación entre esta primera respuesta estatal y la política de vivienda, lo cual amerita una reglamentación integral que aborde estas temáticas desde el principio de progresividad de la vivienda.