La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declara disciplinariamente responsable a JORGE LORENZO ESCANDON OSPINA, en su calidad de Alcalde Municipal de Neiva e impone como sanción, MULTA de sesenta (60) días de salario, devengados para la época en que sucedieron los hechos materia de investigación, equivalente a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($7.748.558.) y declara a HELLER TAPIERO LIZCANO, en su calidad de Gerente de las Empresas Públicas de Neiva, responsable disciplinariamente e impone como sanción MULTA de sesenta (60) días de salario, devengados para la época en que sucedieron los hechos materia de investigación, equivalen a la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($7.761.056.), toda vez que Jorge Escandon actuó desconociendo sus obligaciones que como servidor público le corresponden, como fue el de no haber realizado una debida vigilancia del convenio, con lo cual se permitió que se invirtieran los recursos en otros fines para los que fueron destinados, transgrediendo con su conducta normas del estatuto contractual y Heller Tapiero actuó desconociendo sus obligaciones que como servidor público le corresponden, como fue el de no haber ejecutado el convenio de acuerdo con el objeto pactado e invertir los recursos en otros fines para los que fueron destinados, al celebrar un contrato de pavimentación, transgrediendo con su conducta normas del estatuto contractual; se precisa también que ha de tenerse en cuenta que los disciplinados ejercían el cargo de mayor jerarquía en sus respectivas Entidades, como quiera que se desempeñaron como Alcalde del Municipio de Neiva y Gerente de las Empresas Públicas del mismo Municipio y que su grado de instrucción les permitían conocer las normas legales que regulan la contratación estatal y, finalmente, fue evidente su culpabilidad.
 

La Procuraduría II Delegada para la Contratación Estatal declara disciplinariamente responsable a Miguel Enrique Raad Hernández, quien se desempeñó como gobernador del departamento de Bolívar desde el 2 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000 y lo sanciona con la imposición de una multa equivalente a setenta (70) días de salario devengados en aquella época, equivalente a la suma de $10.875.942,00, toda vez que se evidenciaron irregularidades por el no giro de recursos para el convenio 000576 suscrito entre el Ministerio de Salud con la gobernación de Bolívar, la Secretaría de Salud Seccional y el Hospital San Judas Tadeo de Simití; y no encuentra el despacho razón valedera ninguna para que el departamento de Bolívar haya omitido el cumplimiento de la obligación adquirida a través del convenio de eficiencia 000576 del 29 de diciembre de 1999, comportamiento por el cual debe responder indiscutiblemente el gobernador del ente territorial, ordenador del gasto y responsable de la contratación departamental por mandato expreso de los numerales 1 y 3, literal b) del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, que establece en dichos servidores la competencia para celebrar contratos, como ocurrió en el sub examine aunado a lo anterior su condición de gobernador del Departamento lo colocaba en una situación de privilegio y sin duda ninguna en el cargo de mayor jerarquía y mando dentro del ente territorial.
 

Establece los lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y lideres políticos y sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Establece las directrices para entrega de archivos, en cualquier soporte, con ocasión del cambio de gobierno nacional y proceso de empalme.
 

Explica el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información ITA de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014.
 

Exhorta a las entidades del orden nacional y territorial, así como a las que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar; en especial, a gobernaciones y alcaldías, a priorizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes afectados por el flujo migratorio mixto, atendiendo consideraciones y recomendaciones.
 

Emite directiva para promover el cumplimiento de los principios y las disposiciones que rigen la contratación estatal, proteger el ordenamiento jurídico y evitar la ocurrencia de hechos de corrupción o de mala gestión. Realiza exhortación a representantes legales, ordenadores del gasto, supervisores, interventores y jefes de control interno de las entidades del sector central, territorial, y descentralizado de la Rama Ejecutiva, Rama Judicial, Rama Legislativa, Organismos Autónomos, Organismos de Control y de la Organización Electoral para llevar a cabo actividades de control para la aprobación de garantías. Insta a las entidades del Estado a acudir a los mecanismos de verificación de validez e integridad de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados. Y advierte de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por aprobar garantías sin los requisitos legales.
 

Imparte las obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública en el Estado Colombiano, tales como Reportar y actualizar la información de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en el aplicativo y en los plazos previstos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionada con los empleos que se encuentren vacantes de manera definitiva, para realizar los concursos de méritos, entre otras.
 

Modifica el plazo para el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) por parte de los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, extendiendo el término desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2022 debido a fallas técnicas en el aplicativo y actividades de configuración del portal web de la Procuraduría General de la Nación, garantizando así el efectivo cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública bajo la supervisión del Ministerio Público.
 

Dicta recomendaciones para la participación en actividades y controversias políticas y prohibiciones en el proceso electoral para elegir gobernadores, alcaldes distrital y municipales, diputados, concejales distritales y municipales y miembros de juntas administradoras locales, periodo 2024 - 2027
 

Exhorta a los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras a que, en el ejercicio de su facultad nominadora, aseguren de manera efectiva la presencia de las mujeres en los cargos de toma de decisiones de los gobiernos territoriales, incluyendo los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, tanto en el nivel central como en el descentralizado, con el fin de contribuir a la superación del mínimo de cuotas definidas en la ley.
 

Exhorta a los sujetos obligados determinados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), por medio de la aplicación de la Procuraduría General de la Nación, dispuesta en el enlace https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/
 

Insta al Ministerio de Defensa Nacional a que, con fundamento en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026 Garantías para la Vida y la Paz, articule y coordine con las fuerzas militares y la Policía Nacional la adopción de medidas enfocadas al debilitamiento y desmantelamiento de las estructuras criminales que atentan contra la vida de los(as) líderes(as) sociales y personas defensoras de derechos humanos y, con ello, garantizar el ejercicio libre y seguro de esta labor.
 

Modifica del plazo para el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA), de conformidad con el artículo 23 de la ley 1712 de 2014. Entre el 1 y el 30 de agosto del 2024.
 

Imparte lineamientos para la planeación oportuna, eficiente y de calidad en todos los procesos de contratación del programa de alimentación escolar 2025.
 

Imparte lineamientos en materia de seguridad y convivencia ciudadana para la gobernanza territorial.
 

Exhorta a todas las autoridades, entidades e instituciones destinatarias de la presente directiva a garantizar, con enfoque diferencial y de género, los derechos, la atención, la orientación y la toma de declaración de la población migrante víctima del conflicto armado interno, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales, jurisprudenciales de derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario referentes a la no discriminación.
 

Instruye a los Procuradores Regionales, Provinciales y Distritales sobre acciones preventivas y de vigilancia para la protección del derecho fundamental a la salud, facultándolos para solicitar información, realizar inspecciones, impartir instrucciones obligatorias a los actores del sistema de salud, presentar acciones judiciales, vigilar operadores logísticos de medicamentos y emitir informes de posibles incidencias disciplinarias ante las irregularidades detectadas en la prestación de servicios.
 

Establece, que un mes antes de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, es decir, a más tardar el 19 de septiembre de 2025, los alcaldes municipales y locales deberán designar por escrito aquellos representantes juveniles de las comunidades étnicas, campesinas y víctimas que ocuparán las respectivas curules.
 

Exhorta a las alcaldesas y alcaldes municipales y distritales, o a sus delegados encargados de los temas de juventudes, a las y los registradores del Estado Civil o sus delegados, a las y los personeros municipales o sus delegados, a la Defensora del Pueblo o su delegado, y al delegado o delegada de la Policía Nacional, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y así mismo, activa y conforma los comités organizadores de la elección de los consejos municipales y locales de juventud en el territorio nacional.
 

Exhorta a los sujetos obligados determinados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) a través del aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, estableciendo el plazo comprendido entre el 1° y el 29 de agosto de 2025 para el cumplimiento de esta obligación, con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
 

Insta a proteger los recursos inembargables de la salud para garantizar el acceso continuo a los servicios médicos de todos los ciudadanos. Ordena a los jueces y entidades financieras frenar los embargos irregulares, exigiendo aplicar las excepciones legales únicamente bajo una estricta justificación jurídica. Prohíbe además, de manera expresa, que los hospitales públicos utilicen procesos de cobro coactivo contra las EPS para reclamar el pago de facturas.
 

Reitera recomendaciones sobre la paz electoral, obligaciones, prohibiciones y deberes para prevenir la indebida participación en actividades y controversias políticas, en relación con el proceso electoral de Presidente y Vicepresidente de la República, periodo 2026 - 2030.
 

Insta y exhorta a los sujetos obligados determinados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 a diligenciar la información requerida para el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, a través del aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, dispuesto en el enlace web https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/.