La Sala Segunda de Revisión advirtió que existía un déficit de protección respecto de las mujeres que prestan el servicio militar voluntario y quedan en estado de embarazo. Si bien la Ley 352 de 1997 estableció que los afiliados al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP) no sometidos al régimen de cotización no cuentan con beneficiarios, lo cierto es que esta norma fue expedida en un contexto en el que el servicio militar era prestado por hombres, sin tener en cuenta la participación de las mujeres en el mismo. La Sala evidenció que la entidad dejó de lado la condición de mujer cabeza de hogar de la tutelante y su situación económica. Además, sin consultar con la madre, aplicó lo que consideraba una protección a la criatura por nacer, por lo cual le impuso unas cargas relacionadas con los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad y el ejercicio de roles femeninos. Con ello, la Policía Nacional cercenó la autonomía de Carolina para tomar una decisión. Por lo anterior, la Sala previno a la Policía Nacional para que no incurriera en las acciones y las omisiones que motivaron la acción de tutela. Del mismo modo, debido a la existencia del referido déficit normativo que genera una discriminación en relación con la protección de las mujeres en este ámbito y con las coberturas de salud en el SSMP, la Sala de Revisión exhortó al Gobierno nacional para que presente un proyecto de ley tendiente a superar el déficit de protección en el marco de la prestación del servicio militar por parte de mujeres que ejerzan un rol reproductivo. Asimismo, exhortó al Congreso de la República para que expida una ley en ese sentido.