Expone que la policía Judicial disciplinaria se encuentra prevista en la Constitución y en la ley como una atribución especial en cabeza del Procurador General de la Nación que serán delegadas a los servidores que detentan esta función de acuerdo con el Decreto 262 de 2000 y sus reglamentos concordantes, atribución que sirve de apoyo - si bien excepcional - para el cabal desarrollo de la actividad disciplinaria.