Adiciona la Resolución 132 de 2014 para clasificar formalmente los tipos de actuación administrativa que componen el modelo de gestión preventiva. Esta norma organiza la intervención del ente de control en tres escenarios específicos: el de Anticipación, que incluye el "Caso Preventivo" para verificaciones puntuales y el "Proyecto Preventivo" para abordar problemáticas generales de políticas públicas; el de Mitigación y/o Restitución, que diferencia entre el "Asunto Abreviado" para resultados inmediatos ante derechos ya vulnerados y el "Asunto Ordinario" para intervenciones de mayor complejidad; y finalmente el de Orientación, mediante la "Atención al Público" para guiar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Con esta estructura, la Procuraduría busca operativizar su función constitucional de vigilar la gestión pública, asegurando que sus actuaciones tengan objetivos, plazos y niveles de complejidad claramente definidos.
 

Prorroga la restricción de la atención presencial en el Centro de Atención al Público CAP y las demás sedes de la Procuraduría General de la Nación y se establecen reglas para la radicación de conciliaciones, la atención se seguirá prestando en la sede electrónica de la entidad en la que los ciudadanos podrán acceder a través de la página web, el certificado de antecedentes disciplinarios se expedirá únicamente a través de esta página. Dispone, para la recepción de solicitudes de trámite de conciliación y de acuerdo a la normatividad vigente se dispone de correos electrónicos, en los cuales puede radicar su solicitud.
 

Regula la celebración de audiencias de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
 

La Corte Constitucional se pronuncia frente a la declaración de inconstitucionalidad de la inhabilidad para ocupar cargos en la Procuraduría General de la Nación cuando una persona ha sido afectada por una resolución de acusación o su equivalente. Determinó que esta causal, establecida en el numeral 4 del artículo 85 del Decreto Ley 262 de 2000, vulnera el derecho fundamental de acceso a cargos públicos (artículo 40 de la Constitución Política). Argumenta que, si bien la inhabilidad busca un fin legítimo (garantizar la probidad de los funcionarios públicos), no es un medio completamente conducente ni necesario para lograrlo. Considera que existen otras formas menos lesivas de verificar la idoneidad de una persona, y que aplicar esta inhabilidad es desproporcionado, ya que afecta intensamente el derecho al ejercicio de cargos públicos y la presunción de inocencia, dado que la resolución de acusación es un acto procesal provisional y no una condena definitiva.