La Sala observa que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía vulneró el derecho al debido proceso administrativo al negarse a realizarle al demandante una valoración integral de su estado de salud, pues, no se analizaron las posibles secuelas del VIH que padece. En consecuencia, la Corte ordena a la Dirección de Sanidad o a la dependencia que dentro de la Policía Nacional valore nuevamente el estado de salud del accionante de manera integral, así mismo que realice la calificación correspondiente y conforme a los resultados adopte una decisión sobre la reubicación y el reintegro.