La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declara disciplinariamente responsable CARLOS DIAZ REDONDO, Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y lo sanciona con el pago de una multa equivalente a treinta (30) días de salario devengados en aquella época, toda vez que omitió el deber de refrendar ante la Contraloría Distrital de Cartagena, la deuda pública contraída según el contrato de empréstito suscrito por él y diferentes entidades financieras, precisando que en efecto es a la Contraloría Distrital a quien le corresponde de primer grado la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito de Cartagena, con inclusión de la que se deriva de los recursos que se apropien por concepto de crédito externo o interno. No era un requisito menor, sino inscrito en el contexto de la autonomía territorial y de las competencias como esta se ejerce; una de las cuales es la que corresponda a la vigilancia del origen aplicación y gestión de los recursos del Distrito, que está a cargo de la Contraloría Distrital, así las cosas es claro que su calidad de representante legal, ordenador del gasto y responsable de la contratación de la entidad, lo obligaba a verificar el cumplimiento de las normas que reglamentan su desempeño, así como el desempeño de los funcionarios que tienen asignadas tareas dentro de la entidad ya por delegación o desconcentración de tareas, artículos 11 numeral 1 y 26 numerales 1 y 5 de la Ley 80 de 1993.
 

La Procuraduria delegada para la Economía y la Hacienda Pública resuelve sancionar a TEÓFILO CEPENA PEÑA, en su condición de Jefe de División Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Arauca, con multa equivalente a treinta (30) días del sueldo devengado para la época de los hechos, la cual será liquidada de acuerdo a la constancia que se allegue respecto de la asignación mensual de sueldo básico y gastos de representación durante el año 2001, toda vez que que por la índole de sus funciones debía tener el conocimiento de la ejecución presupuestal de 2000 y haber asesorado a la Alcaldesa e incluir los sobrantes de apropiación en una vez consolidada la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2000 y el argumento aducido por el implicado en cuanto a la costumbre imperante en la administración de Arauca de contraer obligaciones sin tener en cuenta el principio de anualidad presupuestal, razón por la cual se adquirían compromisos afectando recursos de la próxima vigencia, ni el hecho de que dentro del presupuesto total del municipio los ingresos fueran inferiores a los gastos, porque en tratándose de los ingresos por concepto en la participación en los ingresos corrientes, la norma obliga a que incluso los sobrantes de las apropiaciones. La costumbre en violar la ley no puede alegarse como eximente de responsabilidad; así las cosas la violación de la disposición transcrita constituye incumplimiento de los deberes asignados a su cargo de controlar la ejecución del presupuesto para garantizar la sujeción a las disposiciones legales que regulan la materia y presentar los informes en forma desagregada; analizar y evaluar las solicitudes de modificación del presupuesto y presentar los proyectos de traslados y adiciones y asesorar y asistir al Municipio de Arauca en materia presupuestal, establecidos en los numerales 6, 7 y 11 del Acápite pertinente del Manual de Funciones, en concordancia con lo establecido en los numerales 1º, 2º , 3º y 22 del artículo 40 de la ley 200 1995.
 

Créa el Sistema Integral de Prevención -SIP-, conformado por todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación con competencias preventivas, como un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de la función preventiva integral de la institución.
 

Reglamenta el funcionamiento de la Instancia Coordinadora de la Función Preventiva Integral, se modifica la Resolución 490 de 2008 y el inciso 1 del artículo 18 de la Resolución 017 de 2000
 

Establece un nuevo enfoque, principios, lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención.
 

Insta al deber que les asiste a las autoridades territoriales a cumplir la Constitución y las Leyes, acorde con el artículo 95 de la Carta, para procurar garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y, el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación del gobierno en línea.
 

Insta a los actuales gobernadores y alcaldes distritales, metropolitanos y municipales del país en idear, planear y ejecutar el proceso integral de empalme que ha de aplicarse conforme a las obligaciones contenidas en las Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012.
 

Adiciona la Resolución 132 de 2014 para clasificar formalmente los tipos de actuación administrativa que componen el modelo de gestión preventiva. Esta norma organiza la intervención del ente de control en tres escenarios específicos: el de Anticipación, que incluye el "Caso Preventivo" para verificaciones puntuales y el "Proyecto Preventivo" para abordar problemáticas generales de políticas públicas; el de Mitigación y/o Restitución, que diferencia entre el "Asunto Abreviado" para resultados inmediatos ante derechos ya vulnerados y el "Asunto Ordinario" para intervenciones de mayor complejidad; y finalmente el de Orientación, mediante la "Atención al Público" para guiar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Con esta estructura, la Procuraduría busca operativizar su función constitucional de vigilar la gestión pública, asegurando que sus actuaciones tengan objetivos, plazos y niveles de complejidad claramente definidos.
 

Emite lineamientos a los representantes legales de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público de los órdenes nacional y territorial y de las entidades descentralizadas con capital público y privado en las que el Estado posea el 90% o más del capital social, dar cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y al reporte del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG, de conformidad con las directrices y fechas indicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
 

Modifica el término para el ingreso, registro y diligenciamiento del formulario de autodiagnóstico, ordenado por la Contraloría General de la Nación, indicando que deberá realizarse de manera obligatoria, entre el quince (15) de septiembre y el quince (15) de noviembre de 2020.
 

Promueve el cumplimiento de los principios y de las disposiciones normativas que rigen la contratación y su publicidad, la transparencia y el acceso a la información pública, la protección del ordenamiento jurídico y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas y los riesgos de corrupción o de mala gestión.
 

Adopta medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID - 19 y asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo.
 

Expedir la política y las directrices para el ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación en la Contratación Pública de las Entidades y de los particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado, con el objetivo de fortalecer el control público a través del mejoramiento de la efectividad de la Procuraduría General de la Nación y buscando la optimización de la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a través de un enfoque centrado en un ciclo de control con herramientas de gestión de cambio y mitigación de riesgos, se expidieron una serie de guías y manuales directamente relacionadas con asuntos de Contratación Pública, que por el modelo establecido en la Resolución 456 de 2010 no son directamente aplicables por los operadores preventivos
 

Exhorta a los alcaldes y alcaldesas distritales y municipales a cumplir con las funciones de control y vigilancia contemplados en el artículo 62 del Estatuto del Consumidor y demás funciones relativas a la protección del consumidor.
 

Imparte instrucciones administrativas para la implementación de la Ley 2220 de 2022 en el trámite de los procedimientos de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, para ello, se adoptarán las medidas necesarias que garanticen el derecho a la igualdad, debido proceso, transparencia y publicidad.
 

Imparte concepto solicitando que se declare la inexequibilidad de las expresiones no tenga un empleo formal, así como y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo, contenidas en el numeral 5° del artículo 1° de la Ley 2141 de 2021, para que los trabajadores cuyas parejas tienen un empleo formal también sean amparados por el fuero de paternidad y, con ello, se optimice la protección de la familia, los derechos de la mujer gestante y el interés superior de los niños.
 

Exhorta a los sujetos obligados determinados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 a diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), por medio de la aplicación de la Procuraduría General de la Nación, dispuesta en el enlace https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/
 

Informa el procedimiento para la presentación de peticiones de convocatoria a conciliación extrajudicial en asuntos contencioso-administrativos en la sede electrónica del portal web de la Procuraduría General de la Nación, que excepcionalmente, se pueden recibir en medio físico y adicionalmente indica el procedimiento para llevar a cabo las audiencias de conciliación con acuerdo.
 

Requiere a los representantes legales, secretarios generales, jefes de talento humano de los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, todas las del orden territorial y corporaciones autónomas regionales, para que sea diligenciada la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva, en el aplicativo que para tal efecto dispuso el DAFP en los términos definidos.
 

Suscripción y expedición del Decreto reglamentario sobre Catastro Multipropósito para los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en el marco del proceso de consulta previa.
 

Advierte sobre el bajo nivel de cumplimiento en la creación de oficinas de control disciplinario interno en los entes estatales, según lo ordenado por el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Ante la evidencia de que solo una fracción de las entidades nacionales y territoriales han formalizado estas dependencias, la Procuraduría exhorta a los representantes legales a estructurar con urgencia estas oficinas garantizando la autonomía entre la instrucción y el juzgamiento. Asimismo, requiere a los Jefes de Control Interno presentar, en un plazo de ocho meses, un informe detallado sobre el estado de avance de dicha implementación y la actualización de su información en el sistema SIGEP; finalmente, solicita a Función Pública un reporte con corte al 31 de abril de 2026 para identificar a los omisos e iniciar las acciones disciplinarias correspondientes.
 

EXHORTAR a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, a dar cumplimiento a las restricciones establecidas en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, entre ellas, abstenerse de modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad y de celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos a partir del 8 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026.
 

Exhortar a los alcaldes y alcaldesas distritales y municipales, y/o a las dependencias encargadas de controlar la propaganda exterior visual, a expedir el respectivo acto administrativo que regule sobre la forma, características y condiciones para la fijación de propaganda electoral e indicación y delimitación, de manera precisa, de los sitios públicos.
 

Establece directrices estrictas para el seguimiento y ejecución del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la implementación del Marco Estratégico MEGIR. El organismo de control insta a las autoridades nacionales y territoriales a asignar roles claros, actualizar sus planes de contingencia y reportar avances financieros y metas de impacto en el sistema SIPNGRD antes del 31 de diciembre de cada año. La circular enfatiza que las entidades territoriales deben integrar la gestión del riesgo en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y asegurar financiación constante para sus fondos de riesgo; asimismo, advierte que el incumplimiento de estas funciones o la omisión injustificada que genere riesgos graves para la salud o el medio ambiente constituye una falta gravísima bajo el Código General Disciplinario.
 

Fortalece la capacidad territorial en la atención de desastres mediante donaciones de mercancías en cumplimiento de los decretos 1165 de 2019, 360 de 2021 y la resolución 046 de 2019 DIAN
 

Establece las directrices para la vigilancia del proceso electoral de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, cuya votación se llevará a cabo el 19 de octubre de 2025. El documento fundamenta la importancia de estos consejos como mecanismos autónomos de participación y control social para jóvenes de entre 14 y 28 años, integrados de forma pluralista por listas independientes, organizaciones juveniles y partidos políticos. La circular instruye a las personerías distritales y municipales, en su calidad de agentes del Ministerio Público, a supervisar activamente la inscripción de candidatos para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso, siguiendo el calendario de la Registraduría que fija el cierre de inscripciones de candidaturas y apoyos para el 19 de julio de 2025. Finalmente, asigna el seguimiento de estas instrucciones a la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales a través de su Equipo de Trabajo Juvenil Electoral (EJE).
 

Establece lineamientos de vigilancia preventiva para asegurar que las empresas prestadoras garanticen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares óptimos de calidad, continuidad y cobertura. El organismo de control recuerda que, según la Ley 142 de 1994 y decretos reglamentarios, las empresas deben suministrar agua potable con un Índice de Riesgo (IRCA) entre el 0% y 5%, mantener una continuidad del servicio de acueducto de entre 18 y 24 horas diarias, y operar el servicio de aseo bajo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Finalmente, la Procuraduría enfatiza su rol como articulador preventivo para evitar irregularidades en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y proteger los derechos colectivos a la salud pública y el bienestar social, sin que ello implique coadministración.
 

Establece los estándares mínimos de transparencia algorítmica aplicables a los sistemas algorítmicos que desarrollen, adquieran, implementen y/o usen los sujetos obligados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.
 

Actualiza el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, con el fin de optimizar las labores de vigilancia e intervención que competen al Ministerio Público, en especial, a la Procuraduría General de la Nación.
 

Establecer los lineamientos y componentes para ejercer la función preventiva contractual de la Procuraduría General de la Nación cuando pueda existir una vulneración al ordenamiento jurídico o afectación al patrimonio público.
 

Establece aspectos relevantes para desarrollar un proceso precontractual en los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías