Adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031, y estipula que debe ser implementado y ejecutado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, las Administradoras de Riesgos Laborales, los Empleadores y Contratistas, las Agremiaciones, las Organizaciones Sindicales y Centrales Obreras, la Academia, las Sociedades Científicas, los Centros de Investigación, las Empresas Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Secretarías de Salud, las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo y Oficinas Especiales, el Comité Nacional, los Comités Seccionales y Locales de Seguridad y Salud en el Trabajo, las Comisiones Nacionales de Seguridad y Salud en el trabajo por sectores económicos, las Juntas de Calificación de Invalidez Nacional y Regionales, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cancerología, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Salud, Trabajadores y demás sectores que ejerzan acciones y funciones relacionadas en el Sistema General de Riesgos Laborales.
 

Adopta una adenda al Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2031 que deberá ser aplicado por todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales, en el ámbito de sus competencias y obligaciones.