Explica la Corte que la prescripción de la acción penal para los delitos de conducta permanente, se dirige a establecer un límite en el tiempo para entender que la potestad investigativa en cabeza de la Fiscalía fenece con la ejecutoria del cierre de la investigación y, en consecuencia, a partir de le ejecutoria de la resolución de acusación, se inicia el conteo del término prescriptivo de la acción penal, en armonía con los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, entendiendo que, en ese momento, subsista la conducta y por eso, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación es procedente contabilizar el término ordinario de prescripción, sin perjuicio de que los actos posteriores puedan ser objeto de un proceso diferente. Cosa diferente ocurre cuando el último acto de ejecución de la conducta se verifica en curso de la actuación antes de producirse la ejecutoria de la resolución de acusación, pues será desde ese momento (finalización de la conducta) que comience a contabilizarse el término prescriptivo, sin que racional y legalmente pueda diferirse el conteo prescriptivo a la ejecutoria de la providencia de llamamiento a juicio.
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional decide revocar las sentencias de primera y segunda instancia y concede el amparo al derecho fundamental al debido proceso porque la autoridad demandada aplicó una interpretación abiertamente incompatible con los preceptos superiores, y desconoció una lectura fijada en una sentencia de unificación que sí se acompasaba con los postulados constitucionales. Por esto, constató que se abstuvo de aplicar directamente la Constitución y transgredió el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, por lo que ordena declarar la prescripción de la acción penal, decretar la preclusión del proceso y, si la accionante estuviere privada de la libertad por virtud exclusiva de dicho proceso, realizar las gestiones necesarias para su liberación inmediata.