Institucionaliza el Sistema de Representación y Participación de Vendedores Informales para garantizar a las vendedoras y los vendedores informales el derecho a la participación ciudadana orientada a incidir en las políticas públicas, programas, proyectos y acciones de la Administración en relación con el goce efectivo de sus derechos, especialmente, el derecho al trabajo bajo el criterio de confianza legítima.