La Corte profundiza en la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, describiéndolo como un juicio de responsabilidad política con carácter sancionatorio. Se resalta que, debido a su severidad y a los derechos que limita, deben aplicarse todas las garantías del debido proceso sancionatorio, como la reserva legal, la taxatividad y la favorabilidad. Se subraya que las causales de pérdida de investidura son de orden público, de interpretación restrictiva y no admiten analogía ni extensión.
 

El Consejo de Estado reafirma que el juicio de pérdida de investidura es un proceso de carácter sancionatorio que forma parte del ius puniendi del Estado. En sus Principios Sancionatorios: Estos procesos deben regirse por principios orientadores como la presunción de inocencia, la buena fe, la favorabilidad, el non bis in ídem, la culpabilidad, la legalidad o tipicidad, y el pro homine. En la Responsabilidad Subjetiva: La sanción debe imponerse bajo los principios de la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa), lo que implica la obligación de analizar el elemento cognitivo y volitivo de la conducta reprochada.
 

El Consejo de Estado, define la perdida de investidura como una acción pública constitucional, de naturaleza sancionatoria, que reprocha y sanciona comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen los representantes elegidos por voto ciudadano. La remoción de la investidura del Congresista es por causales taxativas y produce una inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.