Establece los valores máximos para las viviendas de interés social e interés prioritario, teniendo en cuenta diferentes criterios diferenciales; de igual forma consagra una auditoría para verificar el estado actual del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural. Además, expresa que, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio otorgará títulos de propiedad legalmente registrados a hogares que tengan la calidad de poseedores y que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda. (Art. 293 al 297)