Adopta la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, con enfoque diferencial, que tendrá como dimensiones: la promoción de empleo e ingresos dignos, la extensión de la protección social, la garantía de los derechos fundamentales del trabajo, y el ejercicio del diálogo social y tripartismo. También establecerá el respectivo componente de evaluación. Además, incorporará planes, programas y proyectos específicos para las personas trabajadoras de las zonas rurales. (Art. 74).
 

Insta a las agencias prestadoras del servicio público de empleo y a las bolsas de empleo a continuar fortaleciendo, de manera sostenida, las estrategias y acciones orientadas a incrementar las oportunidades de inserción al mercado laboral de jóvenes y robustecer el enfoque de cierre de brechas del Servicio Público de Empleo.
 

Dispone lineamientos técnicos del cuidado en el ámbito laboral para la promoción de la equidad de género y la corresponsabilidad social, con el propósito de que las personas trabajadoras puedan asumir en condiciones de igualdad los roles de cuidado, sin que ello implique afectaciones a su inclusión laboral, permanencia en el empleo o posibilidades de desarrollo y crecimiento en el trabajo.