Imparte lineamientos a los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva sobre el como se tramitan y presentan objeciones gubernamentales a los Proyectos de Ley.
 

Insta a los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos y Representantes Legales de las entidades del sector central de la Rama Ejecutiva del orden nacional, a atender las siguientes directrices, en el marco de sus competencias: 1. Atender de forma prioritaria las solicitudes, orientaciones, reuniones, lineamientos y, en general, los requerimientos que efectúe el Departamento Nacional de Planeación en el marco de sus competencias. 2. Adelantar sus políticas, gestiones, acciones y lineamientos de manera concordante con el Programa de Gobierno y remitir un reporte semanal que dé cuenta de ello al Departamento Nacional de Planeación, 3. Detallar, en los respectivos presupuestos de inversión, los diferentes programas, proyectos y recursos que la entidad destinará Y/o ejecutará a nivel municipal, y remitir al Departamento Nacional de Planeación un reporte semanal que, de manera específica, dé cuenta de esto.
 

Imparte lineamientos sobre deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa.
 

Imparte directrices a todas las entidades públicas del orden nacional para la adquisición de alimentos provenientes de pequeños productores locales y de productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, en aplicación del Plan Nacional de Desarrollo que reconoce la economía campesina familiar y comunitaria como protagonista de las políticas públicas de reforma agraria.
 

Armoniza los preceptos legales y jurisprudenciales actuales contenidos en el numeral 2 del parágrafo 2° del artículo 387 del Estatuto Tributario, donde se definen las condiciones de dependientes para efectos de la deducción de la base de retención, para contribuyentes que se encuentren financiando los estudios de sus hijos en instituciones de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.
 

Establece lineamientos para el suministro de información y desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia de Estado, determinando directrices específicas para las entidades públicas en cuanto a la cooperación con la Dirección Nacional de Inteligencia, en cumplimiento de la Ley 1621 de 2013 y los principios constitucionales.
 

Establece lineamientos obligatorios para que las entidades públicas del orden nacional soliciten concepto previo del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de negociar y celebrar tratados, acuerdos y convenios internacionales, con el fin de garantizar coherencia con la política exterior colombiana y designar la custodia de dichos instrumentos.
 

Imparte lineamientos sobre preservación, protección confidencialidad de la información.
 

Establece lineamientos de coordinación institucional, acciones de vigilancia, evaluación técnico-jurídica y seguimiento relacionados con la implementación del artículo 76 de la ley 2381 de 2024 y la garantía de continuidad del sistema general de pensiones.
 

Lineamientos para la continuidad, articulación, eficacia y sostenibilidad de las políticas, y a programas estrategias dirigidas la protección y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y de las poblaciones históricamente excluidas o discriminadas.
 

Directrices para el proceso de empalme del Gobierno Nacional.
 

Establece los lineamientos para la coordinación institucional, interoperabilidad y desarrollo de los procedimientos de consulta previa en Colombia, sustituyendo las directivas 01 de 2010, 10 de 2013 y 08 de 2020. La norma ratifica a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior como la entidad competente para dirigir y coordinar el proceso, estructurando el trámite en cinco etapas claras (procedencia, coordinación, preconsulta, consulta y seguimiento) bajo principios de buena fe y participación efectiva. Entre sus disposiciones clave, exige la acreditación formal de los voceros tradicionales para evitar intermediaciones de terceros, promueve la Política de Gobierno Digital mediante la interoperabilidad de datos y la gestión de un expediente administrativo electrónico único, prohíbe la transacción económica de derechos y fija las pautas para el cierre administrativo formal, aclarando que la falta de acuerdo no impide finalizar el procedimiento ni limita la posterior decisión autónoma de las autoridades competentes.