Profiere Proyecto de Ley PL290 de 2024: "Por la cual se establecen los lineamientos para una Política Pública Nacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas y se dictan otras disposiciones"
 

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso de Ana Rodríguez, quien tenía dos registros civiles y cédulas de ciudadanía, uno a nombre de Amparo García y otro a nombre de Ana Rodríguez. La accionante explicó que la identidad de Ana Rodríguez le fue impuesta cuando era menor de edad y víctima de trata de personas. La Registraduría Nacional del Estado Civil había anulado su cédula a nombre de Ana Rodríguez, lo que le impedía renovar su pasaporte y le generaba dificultades para viajar a Colombia para visitar a su madre enferma. La Corte determinó que la Registraduría vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, la personalidad jurídica y otros, y ordenó dejar sin efecto la resolución que cancelaba la cédula de Ana Rodríguez y reiniciar el proceso administrativo respetando el debido proceso. Además, la Corte ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar un pasaporte de emergencia a nombre de Ana Rodríguez y exhortó al Ministerio del Interior a brindar la Ruta de Protección y Asistencia para las Víctimas de Trata de Personas, si la accionante lo deseaba. La Corte también reiteró la necesidad de que la Registraduría fortalezca su plan de contingencia para evitar vicios en los procedimientos de anulación de registros civiles y cancelación de cédulas, y remitió el caso a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de delitos relacionados con la trata de personas. La decisión se basó en la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de trata, incluyendo el derecho a la identidad y la reintegración social, y en la importancia de garantizar el debido proceso en los trámites administrativos de cancelación de cédulas.