Insta a las ramas del poder público, entes autónomos, organismos de control y vigilancia y a las entidades territoriales a adoptar las directrices y medidas de la presente directriz u otras que sean efectivas, para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 25 de noviembre y los 16 días de activismo contra la violencia de género.
 

Adopta medidas legislativas, excepcionales y transitorias en materia de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado con ocasión del frente frío que ha afectado de manera grave y extraordinaria en parte del territorio nacional
 

Adopta medidas extraordinarias por el término de un año para la reactivación de las MiPyMEs y unidades productivas afectadas en los municipios delimitados por la emergencia. Por un lado, autoriza a todas las Cámaras de Comercio del país a destinar temporalmente sus recursos de desarrollo empresarial (art. 98 de la Ley 2294 de 2023) a programas de recuperación, financiamiento e infraestructura en las zonas afectadas; por otro lado, flexibiliza transitoriamente el régimen societario para las empresas damnificadas que acrediten su afectación, facilitando procesos de fusión abreviada, enajenación de activos, disminución de capital sin autorización previa de la Supersociedades, pago de dividendos en acciones y emisión de acciones (incluyendo acciones de pago bajo límites del Código Sustantivo del Trabajo) sin sujeción al derecho de preferencia, todo con el fin de inyectar liquidez y garantizar la continuidad del tejido empresarial y el empleo.
 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 para ampliar temporalmente el alcance del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Esta norma faculta al FFIE cuyo objeto ordinario se limita a la educación inicial, básica y media para estructurar, financiar y ejecutar proyectos de reconstrucción, adecuación y dotación en las Instituciones de Educación Superior Públicas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida rige de forma transitoria hasta el retorno a la normalidad (según la Ley 1523 de 2012) y aplicará únicamente a las sedes universitarias ubicadas en los municipios en emergencia que acrediten daños directos por el sismo, financiándose con recursos específicos para la crisis sin afectar el presupuesto ni las metas ordinarias de la infraestructura escolar básica.