Insta a las ramas del poder público, entes autónomos, organismos de control y vigilancia y a las entidades territoriales a adoptar las directrices y medidas dicha directriz u otras que sean efectivas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 25 de noviembre y los 16 días de activismo contra la violencia de género.
 

Imparte directrices que deberán implementarse de manera progresiva, tendientes a establecer a la población LGBTIQ+ como uno de los actores diferenciales para lograr transformaciones que lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas con el fin de superar las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político, así como las basadas en la identidad y orientación sexual, entendiendo la diversidad como fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión.
 

La Corte resalta que amparó los derechos al debido proceso, dignidad humana, identidad de género e integridad personal de una mujer trans, migrante, trabajadora sexual y lideresa social, cuya deportación a Venezuela fue tramitada y ejecutada por Migración Colombia de manera precipitada y sin un análisis individualizado del riesgo real contra su vida. El fallo dejó sin efectos la medida sancionatoria, ordenó a las autoridades tramitar su solicitud de refugio garantizando su permanencia regular y exigió la aplicación del principio de no devolución (non-refoulement) con enfoque de género e interseccional. Asimismo, la Corte dispuso que Migración Colombia adopte un protocolo para identificar necesidades de protección internacional en controles migratorios y ordenó a la Policía Nacional retractarse y ofrecer disculpas públicas por haberle atribuido conductas delictivas sin condena en firme.
 

La Corte insiste que, la decisión de publicar y difundir contenidos íntimos en plataformas digitales, siempre y cuando se encuentre libre de vicios que coarten la autorización, es una expresión de libertad que se encuentra constitucionalmente protegida. Asimismo, la determinación de revocar esa facultad, como manifestación paralela de ausencia de voluntad, retractación o falta de consentimiento, debe ser igualmente salvaguardada sin que medien consideraciones adicionales de ninguna naturaleza. Solo de esta manera se garantiza que las mujeres pueden vivir una vida libre de violencias. También, que sus decisiones y convicciones personales no queden atrapadas a condición de lo que la esfera social, influida por estereotipos de género, considera más apropiado para ellas. El cuerpo de las mujeres no es una mercancía de la cual los hombres puedan disponer y lucrarse cada vez que así lo consideren.
 

El Consejo de Estado ratificó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos a la dignidad humana, al trabajo digno y a una vida libre de violencias, al no actuar con la debida diligencia reforzada exigida en casos de acoso con enfoque de género. En consecuencia, el Consejo confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, amparando de forma definitiva los derechos de la accionante. Asimismo, ordenó a la titular del juzgado de origen adoptar medidas de alejamiento inmediatas mientras se hace efectivo el traslado, e instó a las autoridades de la Rama Judicial a aplicar de forma estricta el Protocolo Cero Tolerancia (Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023), recordando que en casos de acoso laboral es el presunto agresor y no la víctima quien debe asumir la carga de los ajustes y reubicaciones para evitar la revictimización.