La Corte Constitucional mediate un análisis del PNIS revela que su ineficacia se debe, en gran parte, a la falta de financiamiento adecuado y a la ausencia de asistencia técnica para los campesinos que han optado por la sustitución voluntaria. Se señala que muchas familias han erradicado sus cultivos ilícitos con la expectativa de recibir apoyo estatal para desarrollar actividades agrícolas legales, pero la falta de recursos ha impedido la consolidación de proyectos productivos sostenibles. La Corte advierte que esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar económico de miles de familias rurales, y ordena al Estado garantizar la provisión de los recursos necesarios para la implementación efectiva del PNIS.