La Corte Constitucional indica que, para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia, se establece que los jueces de control de garantías deben ejercer una vigilancia más estricta sobre la ejecución de medidas destinadas a mejorar las condiciones carcelarias. Se insta a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación a fortalecer su labor de monitoreo sobre el respeto de los derechos fundamentales en las cárceles. Además, se hace un llamado a la sociedad civil y organismos de derechos humanos para que participen activamente en el seguimiento de la situación penitenciaria.