Créa el Sistema Integral de Prevención -SIP-, conformado por todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación con competencias preventivas, como un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de la función preventiva integral de la institución.
 

Establece un nuevo enfoque, principios, lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención.
 

Insta al Ministerio de Defensa Nacional a que, con fundamento en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026 Garantías para la Vida y la Paz, articule y coordine con las fuerzas militares y la Policía Nacional la adopción de medidas enfocadas al debilitamiento y desmantelamiento de las estructuras criminales que atentan contra la vida de los(as) líderes(as) sociales y personas defensoras de derechos humanos y, con ello, garantizar el ejercicio libre y seguro de esta labor.
 

Imparte directrices para el cumplimiento de las normas para la prevención, protección, atención y sanción del acoso sexual en el entorno laboral.
 

Insta a las entidades nacionales a que se formulen e implementen las acciones necesarias en materia de mitigación del riesgo y manejo de desastres, así como la ejecución de las funciones propias de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.
 

Advierte sobre el bajo nivel de cumplimiento en la creación de oficinas de control disciplinario interno en los entes estatales, según lo ordenado por el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Ante la evidencia de que solo una fracción de las entidades nacionales y territoriales han formalizado estas dependencias, la Procuraduría exhorta a los representantes legales a estructurar con urgencia estas oficinas garantizando la autonomía entre la instrucción y el juzgamiento. Asimismo, requiere a los Jefes de Control Interno presentar, en un plazo de ocho meses, un informe detallado sobre el estado de avance de dicha implementación y la actualización de su información en el sistema SIGEP; finalmente, solicita a Función Pública un reporte con corte al 31 de abril de 2026 para identificar a los omisos e iniciar las acciones disciplinarias correspondientes.
 

Exhortar a los alcaldes y alcaldesas distritales y municipales, y/o a las dependencias encargadas de controlar la propaganda exterior visual, a expedir el respectivo acto administrativo que regule los aspectos relacionados con el artículo 29 de la Ley 130 de 1994 sobre la forma, características y condiciones para la fijación de propaganda electoral e indicación y delimitación, de manera precisa, de los sitios públicos
 

Imparte precisiones para la vigilancia preventiva al uso adecuado de los recursos del SGP-APSB para garantizar calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
 

Establece lineamientos de vigilancia preventiva para asegurar que las empresas prestadoras garanticen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares óptimos de calidad, continuidad y cobertura. El organismo de control recuerda que, según la Ley 142 de 1994 y decretos reglamentarios, las empresas deben suministrar agua potable con un Índice de Riesgo (IRCA) entre el 0% y 5%, mantener una continuidad del servicio de acueducto de entre 18 y 24 horas diarias, y operar el servicio de aseo bajo los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Finalmente, la Procuraduría enfatiza su rol como articulador preventivo para evitar irregularidades en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y proteger los derechos colectivos a la salud pública y el bienestar social, sin que ello implique coadministración.
 

Instruye a los Procuradores Regionales, Provinciales y Distritales sobre acciones preventivas y de vigilancia para la protección del derecho fundamental a la salud, facultándolos para solicitar información, realizar inspecciones, impartir instrucciones obligatorias a los actores del sistema de salud, presentar acciones judiciales, vigilar operadores logísticos de medicamentos y emitir informes de posibles incidencias disciplinarias ante las irregularidades detectadas en la prestación de servicios.
 

Insta a las entidades de orden nacional y distrital al cumplimiento de la normativa en materia de gestión del riesgo climático y adopción de medidas preventivas, de preparación y respuesta frente a los eventos extremos de variabilidad climática, en especial el fenómeno de el niño 2026-2027.
 

Solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad principal de la Ley 2471 de 2025 (que crea la Cátedra de la Afroraizalidad en San Andrés, Providencia y Santa Catalina) debido a la omisión obligatoria de la consulta previa a la comunidad raizal. Como postura subsidiaria, en caso de no tumbarse toda la ley, pide declarar la exequibilidad condicionada de sus artículos 6, 8 y 9 al considerar desproporcionada la exigencia generalizada del dominio trilingüe (creole, castellano e inglés) para todos los cargos públicos: propone que la certificación en creole funcione como un mérito adicional y solo sea un requisito eliminatorio e indispensable para los empleos que impliquen interacción directa y sustantiva con el público.