La Corte Constitucional aborda la situación de las madres comunitarias, que históricamente han prestado sus servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) bajo un modelo que no las reconocía como trabajadoras con todos los derechos laborales. Aunque el fallo declaró la inconstitucionalidad de la ley por vicios de trámite, se reconoce la deuda social del Estado con esta población y la necesidad de una solución legislativa.
 

La Corte Constitucional recuerda que, en el marco de la acción de tutela, la comparación de las entidades involucradas se vuelve crucial para asegurar que se remitan todos los documentos requeridos por el tribunal, que a su vez examinará las irregularidades en el proceso. La transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales en este tipo de procedimientos, ya que permiten a las partes involucradas tener una visión completa de la situación y formular sus argumentos basados en un conocimiento pleno de los hechos. La Corte considera que el debido proceso no solo implica el respeto de los derechos de defensa, sino también la obligación de las autoridades de informar adecuadamente a los interesados y de facilitar la consulta y comprensión del material relevante para el caso. De esta manera, se garantiza que todos los actores participen activamente en la construcción de una solución justa para el menor.