La Corte Constitucional concluye que existe un trato diferenciado injustificado entre distintos grupos de contribuyentes que ejercen profesiones liberales dentro del Régimen Simple de Tributación (RST). Específicamente, se señala que las reglas consagradas en la Ley 2277 de 2022 introducen diferencias de trato arbitrarias y caprichosas entre el Grupo 4 (educación, atención en salud humana y asistencia social) y el Grupo 5 (servicios profesionales de consultoría y científicos donde predomina el factor intelectual, incluyendo profesiones liberales). La Corte argumenta que, aunque todas son profesiones liberales igualmente valiosas para la sociedad, el legislador impuso límites de ingresos y tarifas más exigentes al Grupo 5 sin una justificación sólida. La supuesta base de la diferencia en la estructura de costos entre estos grupos no fue demostrada de manera concluyente, y la sentencia resalta que incluso dentro de cada grupo existen enormes diferencias que el legislador no distinguió, haciendo que la clasificación sea "manifiestamente disímil" e "irracional".