El Consejo de Estado reconoce la posibilidad de indemnizar al hijo póstumo por perjuicios morales (y materiales), aunque no haya experimentado el dolor directo al nacer. Se entiende que el daño principal es la alteración de las condiciones de existencia, la privación del apoyo, afecto y compañía paterna, que repercutirá en su formación y desarrollo.