El Consejo de Estado rectifica su posición anterior, que limitaba la participación de garantes y aseguradoras en los procesos tributarios. Este cambio se basa en la necesidad de garantizar el debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la publicidad y la contradicción en todas las actuaciones administrativas. La sentencia se apoya en la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de 2003, que ya había señalado la obligatoriedad de vincular a los deudores solidarios a los procesos de determinación tributaria.