La Sala resolvió la tensión entre el derecho del elegido (principio pro homine) y el derecho de los electores (principio pro electoratem). Concluyó que, en materia electoral, la interpretación debe favorecer el derecho de los electores a que el mandato popular se cumpla, ya que en ellos radica el sustento democrático. Por lo tanto, el principio pro homine debe operar a favor del electorado, no del elegido que decide renunciar a su mandato para aspirar a otro cargo.