Informa a las autoridades de inspección, vigilancia y control que se ha desistido del proyecto de decreto para estandarizar los Lineamientos Mínimos de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Por lo tanto, cada Superintendencia o autoridad mantiene la completa discrecionalidad y competencia exclusiva para determinar los contenidos obligatorios de los PTEE para sus supervisados. La Secretaría de Transparencia ofrece una Guía propositiva (Anexo 01) como instrumento de apoyo y buenas prácticas, la cual no es vinculante ni son los lineamientos mínimos oficiales.
 

Confía a la Vicepresidenta de la República de Colombia unas misiones o encargos y deroga la normatividad relacionada con la participación de la Vicepresidencia de la República en espacios, comités, comisiones o sistemas según el artículo 14 del Decreto 118 de 2024.
 

Establece los plazos y el trámite para presentar objeciones de inconstitucionalidad o inconveniencia previo a la sanción de una ley.
 

Adiciona definiciones y modifica artículos del Decreto 2147 de 2016.
 

Modifica la estructura del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) para permitir que el Ministerio de Hacienda designe directamente a entidades financieras públicas del Grupo Bicentenario como sus nuevas administradoras, reemplazando la exclusividad previa de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Asimismo, la norma establece que el Ministro de Hacienda y Crédito Público asumirá la función de ordenador del gasto para asegurar que la inversión en proyectos estratégicos de infraestructura y energía esté alineada con las políticas fiscales del Gobierno nacional.
 

Actualiza el Programa Colombia Mayor para ampliar su cobertura a personas en situación de pobreza moderada y vulnerabilidad. Entre sus cambios principales, elimina la obligación de presentar "proyectos colectivos" para que las comunidades indígenas y centros de bienestar accedan a los recursos, sustituyéndolos por criterios objetivos y listados censales para agilizar la entrega de subsidios. Así mismo, establece que el programa podrá financiarse no solo con recursos parafiscales, sino también con el Presupuesto General de la Nación y aportes territoriales.
 

Reglamenta el Sistema Nacional de Libertad Religiosa (SINALIBREC) en Colombia , con el fin de articular a entidades públicas y organizaciones religiosas para garantizar el derecho fundamental a la libertad de cultos y conciencia. Esta norma establece una estructura de coordinación nacional y territorial liderada por el Ministerio del Interior , integrando diversas mesas de diálogo, redes académicas, humanitarias y rurales para fomentar la participación del sector religioso en la construcción de paz, el desarrollo social y la no estigmatización.
 

Reglamenta el artículo 24 de la Ley 2294 de 2023, y se adicionan artículos al capítulo 6 del título 7 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1084 de 2015, en lo relacionado con la terminación del Exploratorio Nacional.
 

Modifica los artículos 2.12.8.3. y 2.12.8.4 del Decreto 1071 de 2015, en cuanto a la inscripción y renovación de las asociaciones agropecuarias y campesinas ante las cámaras de comercio
 

Actualiza el programa de inclusión financiera originalmente llamado "CREO, un Crédito para Conocernos", rebautizándolo como "A Pulso". Esta normativa modifica el Decreto 1068 de 2015 para mejorar las condiciones de acceso al crédito de la economía popular, elevando el monto máximo de las operaciones tanto para el segmento agropecuario como no agropecuario hasta seis salarios mínimos mensuales (6 SMMLV). Asimismo, amplía los plazos de pago hasta 24 meses para el sector urbano y 36 meses para el rural , unifica el incentivo al buen pago en un 5% del capital y aclara que el requisito de no haber tenido créditos previos solo aplica al momento de la primera postulación, buscando así dinamizar la colocación de recursos y facilitar el tránsito hacia la financiación formal.
 

Reglamenta el procedimiento para la reserva de plazas destinadas a personas con discapacidad en los concursos de ingreso y ascenso del sistema general de carrera administrativa, estableciendo un cupo mínimo del 7% de las vacantes ofertadas para este grupo poblacional. Esta normativa, que adiciona el Decreto 1083 de 2015, garantiza la gratuidad en la inscripción a los procesos de selección para los aspirantes con discapacidad y obliga a las entidades públicas a implementar ajustes razonables para asegurar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en la realización de las pruebas. Asimismo, define que los aspirantes deberán acreditar su condición mediante un certificado oficial cargado en el sistema SIMO, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
 

Establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM (diésel) dirigido exclusivamente a vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. Esta medida busca alinear el ingreso al productor con los precios de paridad internacional para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), focalizando los subsidios únicamente en los vehículos de servicio público, los cuales quedan expresamente excluidos de este incremento. La implementación iniciará en municipios priorizados de departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca, otorgando un plazo de seis meses para reglamentar la metodología operativa y de control.
 

Actualiza el procedimiento de reprogramación de vigencias futuras en proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en ejecución. Permite que las entidades soliciten ante el CONFIS cambios en el plazo y la distribución anual de los cupos de estas vigencias, siempre que no se incremente el valor total del contrato y se cumplan requisitos técnicos, legales y financieros, incluyendo el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda.
 

Imparte directrices para la implementación progresiva de una política de solidaridad integral con el pueblo palestino, conforme las capacidades presupuestales, legales y reglamentarias de las entidades destinatarias de esta directiva.
 

Deroga el artículo 3 de la Resolución 300 del 1° de agosto de 2024, relacionado con la designación de los representantes del Gobierno nacional al Espacio de Conversaciones Socio jurídico con las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, manteniendo la designación de su coordinador Oscar Mauricio Osorio.
 

Establece hasta el 31 de diciembre de 2026 las zonas de Ubicación Temporal - ZUT en el maco del espacio de conversación sociojurídico autorizado mediante Resolución 257 de 2024, ubicadas en el área rural de los municipios de Belén de Bajirá y Unqía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) en el marco del proceso de conversación con el grupo Gaitanista de Colombia.
 

Modifica la conformación del equipo negociador del Gobierno nacional para la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado Comuneros del Sur. Motivada por la renuncia de Clemencia Carabalí Rodallega, la norma designa formalmente a Ángela María Robledo Gómez, Andrei Giovani Gómez Suárez, Juan David Correa Ulloa y Pablo Francisco Pardo Velasco como los nuevos representantes y miembros del equipo negociador en este proceso. Esta decisión se fundamenta en las atribuciones constitucionales del mandatario para preservar el orden público y liderar la política de Paz Total en el país.
 

Imparte lineamientos sobre preservación, protección confidencialidad de la información.
 

Informa a ministros, directores de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas del orden nacional la reactivación de las normas sobre meritocracia y evaluación para nombramientos. Tras finalizar el 5 de septiembre de 2026 la suspensión temporal de 15 días concedida por el Decreto 1278 de 2026, la Circular reitera que todo trámite de vinculación para empleos de libre nombramiento y remoción (salvo niveles técnico y asistencial) o cuya nominación corresponda al Presidente exige nuevamente: 1) la evaluación previa de competencias laborales, y 2) la publicación de la hoja de vida del aspirante por tres (3) días calendario en las páginas web de la entidad correspondiente y de la Presidencia de la República para observaciones ciudadanas, además de la debida verificación de requisitos legales por parte de las oficinas de Talento Humano.
 

Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos de Colombia (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó) por un término de treinta días. Esta medida busca otorgar facultades extraordinarias al Gobierno nacional para conjurar una crisis humanitaria y ambiental provocada por un frente frío atípico que generó lluvias extremas, inundaciones y daños severos en la infraestructura, la salud, la educación y la producción agropecuaria. Ante la insuficiencia de recursos en el Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender la magnitud del desastre, el decreto habilita la adopción de medidas excepcionales, tales como transferencias monetarias para damnificados, ajustes en el régimen tributario y acciones urgentes de recuperación ecológica y de servicios públicos.
 

Fija de manera transitoria el salario mínimo mensual legal para el año 2026 en un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905). Esta medida se adopta en cumplimiento de una orden judicial del Consejo de Estado , tras la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025. El incremento del 23% respecto al año anterior se fundamenta en un análisis técnico que integra factores económicos como la inflación, productividad y crecimiento del PIB, junto con criterios constitucionales de salario vital orientados a cerrar progresivamente la brecha de subsistencia de los trabajadores.
 

Establece un impuesto al patrimonio transitorio para personas jurídicas y sociedades de hecho con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, con el fin de financiar la emergencia económica declarada en ocho departamentos por desastres climáticos. Fija una tarifa general del 0,50%, pero impone una sobretasa del 1,6% para los sectores financiero y extractivo (carbón y petróleo), justificando esta diferencia en su mayor capacidad contributiva y en las externalidades negativas que generan. Los contribuyentes deberán declarar y pagar este tributo en dos cuotas iguales durante los meses de abril y mayo de 2026, destinando el recaudo exclusivamente a conjurar la crisis y atender a las poblaciones afectadas.
 

Establece medidas excepcionales para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ocho departamentos de Colombia afectados por emergencias climáticas. Autoriza que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes matriculados en el sistema oficial reciban el complemento alimentario fuera de las instituciones y de la jornada escolar en caso de que se suspenda el calendario académico o se trabaje desde casa. Esta medida busca proteger el derecho a la alimentación de más de 1.1 millones de beneficiarios en regiones como Antioquia, Córdoba y La Guajira mientras persistan las condiciones de anormalidad derivadas del estado de emergencia.
 

Adiciona y modifica disposiciones al Decreto 780 de 2016 para implementar mecanismos diferenciales en el aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional. Su objetivo principal es garantizar la equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud en todo el país, estableciendo criterios técnicos basados en rangos poblacionales para determinar el número máximo de EPS autorizadas por municipio y su participación mínima en el mercado. Asimismo, define reglas estrictas para la actualización del ámbito territorial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el retiro voluntario de municipios y la asignación especial de afiliados para asegurar la continuidad del servicio cuando una entidad cesa su operación en una zona determinada.
 

Modifica el artículo 14 y 15 del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 "Por el cual se dictan medidas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en la primera vuelta, que se realizarán los días 8 de marzo y 31 de mayo de 2026.
 

Adopta el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de los sistemas agroalimentarios y medios de vida rurales en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026. Faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para movilizar recursos extraordinarios y ajustar procedimientos administrativos que permitan la rehabilitación de sistemas de adecuación de tierras, la recuperación de cadenas productivas y la garantía del abastecimiento alimentario, priorizando a pequeños y medianos productores, comunidades étnicas y agricultura familiar. Entre sus medidas principales, destaca la ampliación del concepto de insumos agropecuarios para incluir herramientas y servicios técnicos , la reorientación de recursos de fondos como el FAIA y el FONAT , la supresión temporal de trámites de concesión de aguas y vertimientos para acuicultores de subsistencia , y la asignación del 20% de los recursos de fondos parafiscales de fomento para atender la crisis en las zonas afectadas.
 

Adopta medidas excepcionales, transitorias, proporcionales y focalizadas en materia de obligaciones económicas para las personas y comunidades del sector minero en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
 

Establece medidas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, tras la emergencia declarada por el fenómeno del "Frente Frío". Prohíbe la facturación de consumos posteriores a la emergencia para inmuebles afectados hasta que recuperen su operatividad , ordena el diferimiento sin intereses de deudas anteriores por un plazo de 12 meses y otorga entre 12 y 36 meses para pagar la reposición de medidores y acometidas dañadas. Asimismo, suspende por dos años los efectos económicos por la subejecución de planes de inversión de los Operadores de Red para que prioricen la reconstrucción de la infraestructura , implementa un régimen tarifario especial y transitorio , y autoriza el traslado excepcional de recursos de fondos como el FAZNI, FAER y PRONE hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender la crisis.
 

Adopta medidas legislativas, excepcionales y transitorias en materia de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado con ocasión del frente frío que ha afectado de manera grave y extraordinaria en parte del territorio nacional
 

Modifica el cronograma de implementación del nuevo régimen de reservas técnicas para las entidades aseguradoras en Colombia, aplazando su entrada en vigencia obligatoria del 1 de enero de 2027 al 1 de enero de 2028. Esta decisión se fundamenta en las solicitudes de la industria (FASECOLDA) y conceptos de la Superintendencia Financiera, quienes identificaron la necesidad de mayor tiempo para cerrar brechas tecnológicas, operativas y de datos requeridas por la NIIF 17. Además de ajustar esta transición, la norma adiciona estas disposiciones al Decreto 2555 de 2010 y establece una prima de iliquidez provisional del 0.39% que deberá ser utilizada hasta que se defina una metodología de cálculo oficial o sea objetada por el supervisor.
 

Dicta medidas extraordinarias para el sector transporte en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026
 

Adopta medidas legislativas excepcionales y temporales para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico en ocho departamentos de Colombia (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó), tras la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por afectaciones climáticas. Faculta al Ministerio de Vivienda para estructurar y ejecutar proyectos de urgencia, permite el uso de rendimientos financieros y recursos del Sistema General de Participaciones para la operación de sistemas afectados, y autoriza la liberación de excedentes en los Fondos de Solidaridad. Además, incrementa temporalmente al 90% el subsidio tarifario para usuarios de gestores comunitarios en las zonas impactadas, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios y proteger el derecho fundamental al agua hasta finalizar la vigencia fiscal de 2026.
 

Subroga el Capítulo 7 del Decreto 1072 de 2015 para reglamentar la negociación colectiva unificada por niveles en el sector privado y de trabajadores oficiales, permitiendo acuerdos en ámbitos superiores al de empresa como grupos, ramas o sectores de actividad. Busca modernizar las relaciones laborales mediante la implementación de un solo pliego de peticiones y una mesa única de negociación cuando concurran múltiples sindicatos o empleadores, garantizando la representatividad proporcional y el derecho de las organizaciones minoritarias a participar. Asimismo, establece un piso mínimo de protección sectorial que no puede ser desmejorado por convenios de nivel inferior, aunque permite cláusulas de adaptabilidad y gradualidad, especialmente para proteger la sostenibilidad de las MIPYMES, todo bajo los principios de progresividad, buena fe y favorabilidad.
 

Adiciona el Capítulo 8 al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo para crear la Red de Protección Social para la Vida de las personas Recicladoras de Oficio. Esta norma busca garantizar el acceso de los recicladores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo a componentes esenciales de seguridad social, incluyendo la permanencia en el régimen subsidiado de salud, el acceso al subsidio de aporte en pensión, la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y la afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales a cargo de sus respectivas organizaciones. El decreto, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, establece que la financiación de estos aportes provendrá de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento y prohíbe explícitamente descontar estos costos del ingreso de los recicladores.
 

Reglamenta el funcionamiento del Fondo «No Es Hora De Callar», una cuenta administrada por el Ministerio de Igualdad y Equidad destinada a financiar programas de prevención, protección y asistencia integral para mujeres periodistas víctimas de violencia de género en Colombia. Define el alcance del término "mujeres periodistas" e integra un Comité Decisorio con participación obligatoria de delegados de la campaña "No Es Hora De Callar" y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para planificar la inversión de recursos en líneas de seguridad física, psicológica y digital. Asimismo, establece la creación de una Dirección Ejecutiva y la obligación de rendir informes anuales sobre el avance y la ejecución presupuestal de estas medidas, en cumplimiento de las directrices dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima vs. Colombia.
 

Modifica el Decreto 1082 de 2015 para establecer un Sistema de Preferencias integral que garantiza la igualdad material de las personas con discapacidad en la contratación pública colombiana. Reglamenta incentivos específicos, como un puntaje adicional de hasta el 2% en procesos de licitación y concurso de méritos para empresas que demuestren una vinculación laboral real de personas con discapacidad o para emprendimientos liderados directamente por esta población. Además, introduce herramientas de planeación inclusiva, requisitos habilitantes diferenciales en experiencia y capacidad financiera, y promueve la vinculación a través de contratos de prestación de servicios y subcontratación inclusiva, bajo la supervisión de Colombia Compra Eficiente.
 

Establece el nuevo régimen salarial y prestacional para los docentes y directivos docentes estatales de los niveles preescolar, básica y media en Colombia, aplicando un incremento del 7% retroactivo al 1º de enero de 2026. Esta normativa define las escalas de asignación básica mensual y los valores de horas extras tanto para los educadores regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 como para los del Decreto Ley 2277 de 1979, detallando además diversas compensaciones adicionales por cargos directivos, jornadas múltiples, títulos académicos de postgrado, auxilio de transporte, prima de alimentación y bonificaciones específicas. Finalmente, se unifica criterios de pago, prohíbe modificaciones salariales por autoridades territoriales y deroga las disposiciones salariales previas del año 2025.
 

Establece el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos etnoeducadores, docentes y directivos docentes que atienden a la población indígena en niveles de preescolar, básica y media para el año 2026. La norma fija las asignaciones básicas mensuales según el título académico acreditado desde bachilleres hasta doctores , aplicando un incremento del 7.0% retroactivo al 1 de enero, basado en el IPC de 2025 más un 1.9% acordado en negociaciones sindicales. Además de la tabla salarial, el decreto regula las bonificaciones adicionales para directivos por tipo de institución y jornada , los reconocimientos por gestión y calidad educativa , el valor de las horas extras y otros beneficios como el auxilio de transporte y la prima de alimentación , todo bajo la supervisión técnica del Departamento Administrativo de la Función Pública.
 

Adiciona disposiciones al artículo 54 del capítulo VIII del Título IV del Decreto Ley 968 de 2024 y se define el proceso de fortalecimiento para la transición a las estructuras propias en salud del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
 

Adiciona el Capítulo 6 al Decreto 1066 de 2015 para reglamentar el sistema de indemnizaciones preestablecidas en procesos civiles por infracciones al derecho de autor, derechos conexos y medidas tecnológicas de protección. Esta normativa permite que el demandante elija, en lugar del régimen general de pruebas, una tasación basada en rangos fijos de salarios mínimos (SMLMV) por cada obra o prestación infringida, eximiéndolo de la carga de probar los beneficios del infractor o sus consecuencias económicas negativas. Los montos oscilan generalmente entre 10 y 50 SMLMV por infracción, pudiendo aumentar hasta 100 SMLMV en casos de dolo o reincidencia, o reducirse a un rango de 1 a 10 SMLMV si el infractor actuó con motivos razonables de buena fe. El decreto establece un tope máximo de 500 SMLMV para múltiples reparaciones y especifica límites tarifarios para sociedades de gestión colectiva, buscando ofrecer un mecanismo de resarcimiento ágil y eficaz frente a las dificultades probatorias del sistema tradicional.
 

Reglamenta el procedimiento para gestionar la información y coordinar la expedición de las determinantes de ordenamiento territorial, las cuales son normas de superior jerarquía que deben acatar los municipios. La normativa establece seis niveles de prevalencia legal liderados por la protección ambiental y el derecho a la alimentación y obliga a las entidades competentes a estandarizar sus datos técnicos, jurídicos y geoespaciales bajo el modelo LADM-COL para asegurar su libre acceso e interoperabilidad. Finalmente, define parámetros de comunicación obligatoria entre autoridades nacionales y territoriales para armonizar las decisiones antes de su adopción oficial.
 

Adiciona el Título 38 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema Nacional de Integridad, el cual reglamenta el Sistema Nacional de Integridad en Colombia, estableciendo los lineamientos para articular a actores públicos, privados y ciudadanos en la promoción de una cultura de legalidad y lucha contra la corrupción. Liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, este sistema organiza instancias como el Comité Coordinador y la Comisión Intersectorial para coordinar políticas de integridad, gestión de riesgos y transparencia en todas las entidades del Estado.
 

Establece el incremento salarial y las escalas remunerativas para el año 2026 del personal de la Fuerza Pública y empleados públicos del sector Defensa, fijando un ajuste del 7% retroactivo al 1 de enero basado en la variación del IPC más un 1.9%. La norma unifica los patrones de referencia mediante una escala gradual porcentual respecto al sueldo de un General , determina diversas bonificaciones mensuales para conscriptos, alumnos de escuelas de formación y soldados , y regula los haberes, viáticos y primas de instalación para comisiones en el exterior y de orden público.
 

Sustituye las directrices generales de técnica normativa en Colombia para optimizar la producción de actos administrativos de la Rama Ejecutiva, integrando las recomendaciones de la OCDE sobre mejora regulatoria y gobernanza. La norma establece un Ciclo de Gobernanza Regulatoria obligatorio que incluye etapas de planeación a través de agendas anuales, diseño con análisis de impacto normativo y memorias justificativas, y una fase de consulta pública obligatoria centralizada en el sistema SUCOP. Asimismo, crea la Comisión Intersectorial para la Mejora Normativa, presidida por el Ministerio de Justicia, para coordinar la implementación de estas políticas, promover la seguridad jurídica mediante la depuración normativa y asegurar que las regulaciones sean eficientes, coherentes y accesibles para la ciudadanía.
 

Modifica el artículo 26 del Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 y se adoptan medidas para garantizar el orden público durante las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República - Segunda Vuelta.
 

Designa al señor Alfredo Acosta Zapata como liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación.
 

Adiciona el Título II al Libro 3 del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura a fin de reglamenta las condiciones de desarrollo de las actividades taurinas, las cuales se fundamentarán en los más altos estándares de bienestar y protección animal, aplicados en las actividades relacionadas con las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como los procedimientos utilizados en estos eventos, periodo y lugar de tradición, autorización por tradición regular, periódica e ininterrumpida, prohibición de uso de recursos públicos, publicidad del evento, requisitos sanitarios previos a la realización del evento entre otras disposiciones.
 

Modifica y adiciona la Sección 7 del Capítulo 1, del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones especiales de acceso al subsidio familiar de vivienda de Interés social urbana y/o rural de hogares conformados por Concejales y Ediles que se postulen en las convocatorias que adelante el Fondo Nacional de Vivienda, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos para tales fines.
 

Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Deporte (Decreto 1085 de 2015) para fortalecer el talento, la reserva deportiva y la promoción del deporte de alto rendimiento con un enfoque inclusivo y territorial. En cumplimiento de la jurisprudencia constitucional (Sentencia T-286 de 2025) y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la norma integra formalmente a los atletas sordolímpicos y del sector sordolímpico en el Programa Atleta Excelencia y en los Juegos Nacionales Juveniles. El decreto reestructura el acceso a incentivos, apoyos económicos, acompañamiento técnico, psicosocial y biomédico para deportistas de reserva juvenil; establece que los Juegos Nacionales Juveniles se realizarán cada cuatro años para los sectores olímpico, paralímpico y sordolímpico como inicio del ciclo deportivo nacional; y dispone que el Ministerio del Deporte reglamentará la metodología de evaluación de deportes y pruebas para los Juegos Nacionales y Paranacionales en los seis meses posteriores a su clausura.
 

Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional (Decreto 1082 de 2015) para crear formalmente la Comisión Intersectorial para la Cooperación y Asistencia Técnica Territorial. Esta norma da cumplimiento al mandato de gobernanza del CONPES 4091 de 2022 y del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, estableciendo un órgano colegiado encargado de coordinar, articular y caracterizar la oferta y demanda de asistencia técnica e inversión pública para los departamentos, municipios y esquemas asociativos territoriales. La comisión estará presidida por el Departamento Nacional de Planeación, con secretaría técnica del Departamento Administrativo de la Función Pública e integrada por los Ministerios del Interior y Hacienda, el DAPRE, la APC Colombia y la ESAP, contando además con la participación con voz pero sin voto de representantes de las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) y gremios territoriales. Entre sus funciones principales se destacan el diseño y seguimiento de la Agenda Nacional de Asistencia Técnica Territorial, la focalización de la oferta institucional bajo un enfoque diferencial dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y la creación de Mesas Técnicas de Trabajo para fortalecer las capacidades locales, sesionando ordinariamente de manera trimestral con cargo a los recursos presupuestales vigentes de las entidades participantes.
 

El Gobierno nacional en nombre del pueblo colombiano decreta en honor de todas las personas fallecidas con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, las embajadas, oficinas consulares de Colombia en el exterior y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas.
 

Designa al señor JOHN MILTON RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, como Liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, quien ejercerá las funciones en los términos establecidos por el Decreto Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006 y el Decreto 626 de 2026, y establece que la remuneración y el régimen prestacional del Liquidador serán los previstos para el empleo de Ministro, Código 0005. El liquidador designado por medio del Decreto 0767 del 15 de julio de 2026, deberá realizar un informe de su gestión y hacer entrega mediante acta de los bienes, archivos, expedientes, procesos judiciales, contratos, planta de personal, recursos financieros y demás asuntos a su cargo.
 

Levanta la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia y reactiva la eficacia de los permisos vigentes sin requerir trámites adicionales, siempre que no pesen sobre ellos suspensiones individuales, vencimientos o restricciones judiciales. Esta medida no autoriza el libre porte ni altera la normativa vigente según el Decreto Ley 2535 de 1993, por lo que el uso del arma se limita estrictamente a las condiciones y al ejemplar amparado en cada salvoconducto, ordenando además al Ministerio de Defensa actualizar los sistemas de registro e impartir las directrices necesarias a las autoridades militares.
 

Modifica el artículo 4 del Decreto 368 de 2026 y el artículo 6 del Decreto 977 de 2026, en lo relacionado con la publicación de los de estándares e indicadores y la puesta en funcionamiento del directorio de participación del Sistema de Finanzas Abiertas y establece plazos para la Superintendencia Financera de Colomiba y régimen de transición.
 

Lineamientos para la continuidad, articulación, eficacia y sostenibilidad de las políticas, y a programas estrategias dirigidas la protección y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y de las poblaciones históricamente excluidas o discriminadas.
 

Directrices para el proceso de empalme del Gobierno Nacional.
 

Establece las instrucciones para la implementación, desarrollo, participación, seguimiento y certificación del curso virtual de formación en materia de lucha contra la trata de personas, dirigido a los servidores públicos y contratistas de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
 

Da por terminada la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), por ausencia de voluntad de paz.