El Auto analiza el principio de perpetuación de la jurisdicción (perpetuatio jurisdictionis), que establece que la autoridad judicial competente al inicio de un proceso debe mantener su competencia hasta el final. Sin embargo, el Auto aclara que este principio no puede aplicarse si la autoridad carece de jurisdicción para conocer el caso desde el principio, ya que esto iría en contra del debido proceso y el principio del juez natural.
 

La Corte señala que su obligación de realizar el control automático no desaparece si el decreto pierde su vigencia o si el estado de excepción es levantado antes de que el fallo sea emitido. El principio de perpetuatio jurisdictionis asegura que la Corte no pierda su capacidad de control, garantizando así el equilibrio de poderes y evitando que el Gobierno eluda el escrutinio constitucional al expedir decretos de corta duración.