La Corte Constitucional profundiza en el principio de conexidad, que exige que los decretos legislativos expedidos durante un estado de excepción tengan una relación directa y específica con la situación que lo motivó. La Corte analizó la conexidad material externa, es decir, la relación entre el Decreto 134 de 2025 y las causas válidamente amparadas por la declaratoria del estado de excepción (violencia armada y crisis humanitaria). El fallo sostiene que las medidas del decreto, aunque buscaban afectar la financiación de los grupos ilegales, estaban centradas en la problemática estructural del narcotráfico. Por lo tanto, no se consideraron como una respuesta idónea a los hechos concretos que la Corte había validado.