La sentencia de unificación se refiere al principio "in dubio pro reo" (la duda favorece al reo) al abordar la postura jurisprudencial que está modificando. La Corte señala que, según la tesis anterior (de la que se aparta), si una persona era privada de la libertad y posteriormente era absuelta o el proceso precluía (finalizaba) por razones como la aplicación del in dubio pro reo, se consideraba que había un daño antijurídico que debía ser indemnizado por el Estado de manera automática (responsabilidad objetiva). Lo que dice la sentencia actual: La nueva sentencia rechaza la responsabilidad automática que se derivaba de un fallo absolutorio o de una preclusión motivada por el in dubio pro reo o la atipicidad. Argumenta que el hecho de que un proceso penal termine por aplicación de este principio no significa per se que la detención preventiva inicial haya sido antijurídica o injusta. Establece que, incluso si la absolución ocurre por la duda (es decir, por la aplicación del in dubio pro reo), el juez contencioso debe ir más allá y verificar si la conducta del demandante fue la causa determinante de la apertura del proceso y de la medida de aseguramiento. Si se demuestra que la conducta de la persona detenida fue la que generó el riesgo y la sospecha que llevó a la detención (a título de culpa grave o dolo civil), el Estado se exonera de responsabilidad, sin importar que la persona haya sido absuelta o beneficiada por el in dubio pro reo en la esfera penal. En resumen, el Consejo de Estado, desvincula el resultado penal (como la absolución por in dubio pro reo) de la responsabilidad patrimonial del Estado, enfocándose en la antijuridicidad civil del daño y en si existió o no culpa grave de la víctima.
 

La Corte Constitucional estudia detalladamente el alcance del artículo 53 superior respecto a los principios protectores mínimos: 1. Principio in dubio pro operario: Obliga al operador jurídico a elegir la interpretación más favorable y protectora del trabajador únicamente cuando una disposición admita más de una lectura seria, razonable y objetiva. 2. La Corte aclara que la aplicación de este principio no es automática ni uniforme, sino que debe examinarse "caso a caso" evaluando la estructura textual y el contexto de cada cláusula convencional en particular.