La Corte declaró una vulneración estructural de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en condición de discapacidad psicosocial. - Déficit de Protección: El sistema penitenciario y carcelario colombiano no cuenta con mecanismos adecuados para garantizar la atención en salud mental en condiciones dignas y con un enfoque social y de derechos humanos. - Incongruencia Normativa: La legislación y la política penal, penitenciaria y carcelaria son incongruentes con los estándares constitucionales e internacionales, especialmente los de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). - Fallas Institucionales: Se identificaron: 1. Una respuesta institucional inadecuada para garantizar el acceso digno, continuo y respetuoso a los servicios de salud mental. 2. La ausencia de información pública confiable sobre esta población. 3. La falta de políticas públicas integrales que garanticen una atención adecuada.