La Corte Constitucional señala que la EPS impuso barreras injustificadas para el acceso a la atención médica oportuna, integral y continua, argumentando que el procedimiento estaba excluido del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que no había aval médico jurídico, o que el servicio no estaba ordenado en un fallo de tutela anterior. La Corte considera estas razones como negligentes y contrarias a los principios de continuidad e integralidad del derecho a la salud.