Por el cual se adoptan medidas para las personas y comunidades del sector minero en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026
 

Adopta medidas legislativas, excepcionales y transitorias en materia de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado con ocasión del frente frío que ha afectado de manera grave y extraordinaria en parte del territorio nacional
 

Dicta medidas extraordinarias para el sector transporte en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 150 de 2026
 

Adopta medidas legislativas excepcionales y temporales para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico en ocho departamentos de Colombia (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó), tras la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por afectaciones climáticas. Faculta al Ministerio de Vivienda para estructurar y ejecutar proyectos de urgencia, permite el uso de rendimientos financieros y recursos del Sistema General de Participaciones para la operación de sistemas afectados, y autoriza la liberación de excedentes en los Fondos de Solidaridad. Además, incrementa temporalmente al 90% el subsidio tarifario para usuarios de gestores comunitarios en las zonas impactadas, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios y proteger el derecho fundamental al agua hasta finalizar la vigencia fiscal de 2026.
 

Medidas tributarias adicionales destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia.
 

Adopta medidas para los servicios públicos domiciliarios esenciales de gas y energía eléctrica, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.
 

Otorga facultades a gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas por la emergencia económica, social y ecológica para que adopten medidas en materia tributaria, presupuestal y financiera y hacerle frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026.
 

Medidas legislativas de carácter extraordinario, excepcional y transitorio para el alivio de obligaciones financieras, el acceso al crédito y normalización de cartera que permitan mitigar las unidades productivas de las zonas afectadas por la emergencia declarada.
 

Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre a que se refieren los considerandos.
 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 16 de la Ley 715 de 2001. La medida suspende, para el cierre de la vigencia 2026, los descuentos y reducciones presupuestales en las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP) - Educación que normalmente se aplicarían en 2027 a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) cuyos procesos de auditoría de matrícula reportaron inconsistencias. Esta excepción aplica de manera temporal y exclusiva a las ETC ubicadas en la zona de emergencia que demuestren que las afectaciones físicas y operativas del sismo impidieron el adecuado reporte o soporte de datos de estudiantes (afectando a más de 5.300 sedes escolares), evitando así un detrimento en su capacidad financiera durante la etapa de recuperación del servicio educativo, sin eximir la continuidad de las funciones ordinarias de auditoría e inspección.
 

Adopta medidas extraordinarias por el término de un año para la reactivación de las MiPyMEs y unidades productivas afectadas en los municipios delimitados por la emergencia. Por un lado, autoriza a todas las Cámaras de Comercio del país a destinar temporalmente sus recursos de desarrollo empresarial (art. 98 de la Ley 2294 de 2023) a programas de recuperación, financiamiento e infraestructura en las zonas afectadas; por otro lado, flexibiliza transitoriamente el régimen societario para las empresas damnificadas que acrediten su afectación, facilitando procesos de fusión abreviada, enajenación de activos, disminución de capital sin autorización previa de la Supersociedades, pago de dividendos en acciones y emisión de acciones (incluyendo acciones de pago bajo límites del Código Sustantivo del Trabajo) sin sujeción al derecho de preferencia, todo con el fin de inyectar liquidez y garantizar la continuidad del tejido empresarial y el empleo.
 

Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 para ampliar temporalmente el alcance del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Esta norma faculta al FFIE cuyo objeto ordinario se limita a la educación inicial, básica y media para estructurar, financiar y ejecutar proyectos de reconstrucción, adecuación y dotación en las Instituciones de Educación Superior Públicas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida rige de forma transitoria hasta el retorno a la normalidad (según la Ley 1523 de 2012) y aplicará únicamente a las sedes universitarias ubicadas en los municipios en emergencia que acrediten daños directos por el sismo, financiándose con recursos específicos para la crisis sin afectar el presupuesto ni las metas ordinarias de la infraestructura escolar básica.
 

Faculta al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) a implementar un marco operativo extraordinario que autoriza la suspensión transitoria de la verificación de condicionalidades y corresponsabilidades (tales como la certificación de asistencia escolar, controles médicos o supervivencia) exigidas para la liquidación de sus programas de transferencias monetarias (Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Compensación del IVA). La medida aplica en los municipios afectados del ámbito territorial de la emergencia (16 departamentos, excluyendo Putumayo) donde los daños causados por el sismo del 10 de agosto de 2026 impiden materialmente el reporte o funcionamiento de la infraestructura local; busca garantizar la continuidad del pago de subsidios a los hogares vulnerables sin suspender sus ingresos por fallas operativas ajenas a ellos, y podrá extenderse hasta por doce meses mientras se reestablecen los sistemas locales.
 

Dicta medidas transitorias para agilizar el reconocimiento y pago de servicios de salud, indemnizaciones y gastos funerarios derivados del evento catastrófico de origen natural (sismo del 10 de agosto de 2026) en el marco de la desastre nacional declarada por el Decreto 1171 de 2026. La norma busca aliviar las cargas administrativas sobre las víctimas e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) afectadas, teniendo una vigencia inicial de doce meses o por el lapso que se prolongue la emergencia.