La Corte Constitucional señala que el fuero constitucional especial del presidente es una garantía institucional de rango constitucional diseñada para proteger la estabilidad del Estado y la voluntad popular que eligió al mandatario. Su función principal es impedir que autoridades ordinarias o administrativas investiguen directamente al presidente o interfieran en sus funciones con procesos sancionatorios. Por lo tanto, ante cualquier presunta infracción (incluyendo irregularidades en la financiación de su campaña electoral), el fuero exige que la competencia recaiga exclusivamente en el Congreso de la República, a través de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mutando cualquier trámite administrativo a un escenario político-jurisdiccional.