Establece las pautas institucionales necesarias para coordinar y hacer seguimiento al proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, incluyendo la invitación a organismos de control y la articulación intersectorial. Todo ello se realiza en cumplimiento de la Sentencia C-161 del 8 de mayo de 2024 de la Corte Constitucional, la cual declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 pero diferió sus efectos por dos legislaturas (a partir del 20 de julio de 2024) para dar tiempo al Gobierno Nacional de reasignar sus funciones, ajustar la administración pública y garantizar la continuidad de las políticas dirigidas a sujetos de especial protección constitucional.