Prevención de riesgos que pueden presentarse en Procesos de Contratación en el Marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la pandemia covid19 y medidas de control.
 

Se modifica y adiciona al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se crea la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo -CIJE-, tendrá por objeto la coordinación y orientación superior de las funciones inherentes a las políticas para la prestación, fortalecimiento y optimización de los servicios de justicia a cargo de las autoridades administrativas, la optimización de los servicios de justicia de la Rama Ejecutiva, la implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de los servicios de justicia que prestan las autoridades administrativas, la formulación y ejecución de planes de formación permanente a los operadores de justicia de la Rama Ejecutiva, entre otras. Estará integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el Director del Departamento Nacional de Planeación, los Superintendentes Financiero, el de Nacional de Salud, de Sociedades, de Industria y Comercio, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Gerente del ICA y El Director General Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional.
 

Informa a las autoridades de inspección, vigilancia y control que se ha desistido del proyecto de decreto para estandarizar los Lineamientos Mínimos de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Por lo tanto, cada Superintendencia o autoridad mantiene la completa discrecionalidad y competencia exclusiva para determinar los contenidos obligatorios de los PTEE para sus supervisados. La Secretaría de Transparencia ofrece una Guía propositiva (Anexo 01) como instrumento de apoyo y buenas prácticas, la cual no es vinculante ni son los lineamientos mínimos oficiales.
 

Sustituye un capítulo del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en el sentido de reglamentar parcialmente la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024 que promueve la adecuada y efectiva participación de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios en las entidades que pertenezcan a la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.
 

Fija las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos correspondientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, demás instituciones públicas de la Rama Ejecutiva nacional y entidades en liquidación del orden nacional.
 

Establece lineamientos en materia de Empresas y Derechos Humanos para orientar las acciones de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y dicta algunas disposiciones acerca de coordinación interinstitucional mediante la inclusión del Comité Técnico Especializado de Derechos Humanos y Empresas en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Presidencia de la República.