La sala precisa que ell recurso extraordinario especial de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas que decreten la pérdida de investidura de un congresista. Su finalidad es invalidar los efectos jurídicos de la providencia y que se deniegue la solicitud de pérdida de investidura. Dado su carácter excepcional frente al principio de cosa juzgada, la procedencia del recurso se encuentra condicionada por los siguientes requisitos: i) De tiempo. Ha de presentarse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia; ii) De forma. El escrito debe cumplir con los parámetros contemplados en el artículo 252 del CPACA; y iii) De fondo. Al recurrente le corresponde demostrar la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 y artículo 250 de CPACA.
 

La Corte Constitucional, en su función de protección de derechos fundamentales, asumió el conocimiento del caso a través de una revisión, buscando armonizar los mandatos constitucionales y convencionales bajo el bloque de constitucionalidad. La sentencia hace énfasis en que la Corte no desconoció derechos sino que evaluó si, bajo los parámetros vigentes, existía vulneración. También señala que la decisión de aclarar el voto fue motivada por la necesidad de reforzar la fundamentación de la decisión original, particularmente en relación con el principio de favorabilidad en materia penal, y de garantizar un análisis integral y armónico frente a las complejidades del caso.