Aprueba la Política 08 de 2022, por la cual se establecen los lineamientos metodológicos para el ejercicio del medio de control de reparación directa contra particulares, lo anterior con el fin de dar a conocer al interior de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., la existencia, el alcance y las particularidades de este medio de control por cuanto su ejercicio permite reclamar la reparación del daño causado a los bienes, derechos e intereses del Estado, proteger y reivindicar el patrimonio público, cambiando la legitimación del Estado y de las Entidades Públicas como posibles víctimas dentro de los daños causados por los particulares con relación a los bienes afectados.
 

Declara administrativa y extracontractualmente responsable a la SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL - CRUE, HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL HOY, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por el daño antijurídico causado a los demandantes por los hechos que dieron lugar a la muerte de la señora ROSA ELVIRA CELY (QEPD). Ese desapacho evidencia los esfuerzos realizados en los últimos años por las distintas entidades nacionales y distritales para lograr acciones concretas de prevención, atención en emergencia, rehabilitación física emocional y psicosocial para las mujeres y sus familias víctimas de violencias de género,[74] acciones con las cuales se busca evitar que se presenten situaciones como la ocurrida a la señora ROSA ELVIRA CELY.
 

La sentencia reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU-072 de 2018) que establece que, en los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad, el juez administrativo debe evaluar si la medida de aseguramiento impuesta se ajustó a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Esto debe hacerse independientemente del título de imputación (falla del servicio, daño especial, etc.) o del régimen de responsabilidad (objetivo o subjetivo) que el juez decida aplicar. La decisión de unificación aclara que no se trata de un juicio automático de responsabilidad, sino de un análisis riguroso de la actuación estatal.