El Consejo de Estado resuelve un caso de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de un taxista y, aprovechando la oportunidad, unifica los criterios para la tasación de los perjuicios morales en este tipo de escenarios. La sala establece que: Hubo un daño antijurídico al permanecer el demandante privado de la libertad sin obligación jurídica de soportarlo, siendo posteriormente absuelto por no haber cometido los delitos imputados; Determina la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo un título de imputación objetivo, basándose en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal). Este artículo establecía que la responsabilidad es objetiva si la absolución o preclusión se daba porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible; Se exonera de responsabilidad a la Policía Nacional, al considerar que su actuación en la aprehensión fue conforme a la ley y la Constitución vigente en ese momento (detención administrativa bajo criterios de la Sentencia C-024 de 1994). También se exonera al Consejo Superior de la Judicatura por ausencia de imputación de la actuación judicial al daño.
 

E Consejo de Estado unifica su jurisprudencia y determina que el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, basado en el daño especial, para lo cual establece que: 1. Daño Antijurídico: Se configura cuando la persona privada de la libertad no está en la obligación jurídica de soportar el daño causado, incluso si las actuaciones judiciales fueron legales y correctas. 2. Título de imputación objetivo: La responsabilidad del Estado no depende de que se demuestre un error judicial, una falla en el servicio, dolo o culpa grave del funcionario. La clave es el daño antijurídico sufrido por la víctima. 3. In dubio pro reo: Cuando la exoneración de responsabilidad penal se produce por la aplicación de este principio (beneficio de la duda), la privación de la libertad se considera injusta. La víctima sigue siendo inocente a los ojos de la ley y no debe soportar la carga que le impuso el Estado.