El Consejo de Estado enfatiza que la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor. Por lo tanto, el trámite y resultado del proceso penal no determinan el cómputo del plazo de caducidad para la acción de reparación directa. Los afectados deben ejercer la acción de reparación directa en tiempo, y si consideran que el proceso penal es determinante, pueden solicitar la suspensión por prejudicialidad una vez el asunto esté para fallo.