El Consejo de Estado señala que el hecho generador de la contribución se produce por la naturaleza del contrato en sí, no por el régimen contractual de la entidad pública que lo firma. El impuesto se aplica a los contratos de obra firmados con cualquier entidad de derecho público, ya sea que se rijan por la Ley 80 de 1993 o por un régimen exceptuado.