Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Dispone que las autoridades de Policía en el ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de las normas mineras y ambientales vigentes e informarán de los incumplimientos a las autoridades competentes con el fin de que estas apliquen las medidas a que haya lugar, imponiendo y ejecutando medidas preventivas por los comportamientos contrarios a la protección del medio ambiente. Regula la aplicación de las medidas preventivas consagradas en la Ley 1333 de 2009; los comportamientos contrarios a la preservación del agua; los que afectan las especies de flora o fauna silvestre; los que afectan el aire. Al igual que los comportamientos que afectan las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y áreas de especial importancia ecológica. (Art. 96)
 

La Corte amparó los derechos fundamentales a la participación ambiental, al debido proceso, al acceso a la información y de petición de las comunidades de la zona de influencia del Páramo de Santurbán. La Sala Octava de Revisión declaró la procedencia excepcional de la acción de tutela para enervar los efectos de un acto administrativo general la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) al evidenciar la inidoneidad del medio de control de nulidad simple para proteger la dimensión subjetiva del derecho a la participación ambiental y la existencia de una alta conflictividad social. En el examen de fondo, la Corte determinó que el MADS vulneró dicho derecho fundamental al delimitar el ecosistema mediante un procedimiento que desconoció sus elementos esenciales: no facilitó ni divulgó de forma oportuna la información y estudios del proyecto, excluyó a amplios sectores afectados (como los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y las organizaciones ambientalistas) y sustituyó el diálogo previo, libre, abierto y deliberativo por mesas de concertación informales convocadas cuando la decisión administrativa ya había sido adoptada. En consecuencia, la providencia dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014 otorgando un término de un año para que el Ministerio emita un nuevo acto de delimitación mediante un procedimiento genuinamente participativo y bajo el marco de protección estricta a los páramos fijado por la Sentencia C-035 de 2016, al tiempo que declaró la improcedencia de la tutela frente a los derechos al agua y al ambiente sano en su faceta colectiva por ser del resorte de la acción popular.
 

adicionan los capítulos 11 al 17 al Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa" y se modifica el Decreto 1066 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior", para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", en temas tales como la efectiva difusión en todos los ámbitos, incluido el escolar, el goce y disfrute de los bienes de interés cultural, el procedimiento para el bodegaje de los elementos incautados y decomisados por parte de las administraciones distritales o municipales, así como el manejo de los sistemas para ejercer un control sobre las quejas que se interpongan contra las autoridades de policía designadas en la Ley 1801 de 2016, entre otros.